6/01/2012

No hubo correspondencia entre la intensidad de los movimientos sociales de 2011 y el pobre rendimiento de ese año en materia de reformas políticas. Todo lo más de que fueron capaces Gobierno y Congreso Nacional, Alianza y Concertación, fue la aprobación de la inscripción automática y el voto voluntario, siguiendo así la pauta instalada desde 1990 -al parecer del gusto de todos-, consistente en avanzar muy lento y siempre por parcialidades. Entusiastas partidarios de las «leyes cortas» -que no son otra cosa que leyes parche-, nuestros legisladores siguen siendo víctimas complacidas del miedo a cambios políticos profundos, por necesarios que ellos parezcan y por muchísimos que sean los que se manifiestan en calles y redes sociales. La inscripción automática era obvia y nadie debería felicitarse por una decisión que no admitía dos opiniones, aunque el mensaje no sea de los mejores: «Jóvenes chilenos, no necesitan esforzarse lo más mínimo para inscribirse en los registros electorales». Y en cuanto al voto voluntario, la señal vuelve a ser la misma -«No se moleste en votar, da igual»-, aunque aquí la cosa no es tan obvia, puesto que abandonar el voto obligatorio y eludir toda discusión sobre el punto no obedeció al errado tecnicismo de que un derecho no puede ser a la vez un deber (recibir educación básica es tanto un derecho como un deber), sino al temor a enfadar a ciudadanos que quieren oír hablar de derechos y no de deberes, y al miedo, asimismo, a que la obligatoriedad incrementara la ya muy difícilmente tolerable mayor incertidumbre que para nuestras dirigencias significa la inscripción automática. Una incertidumbre relativa, en cualquier caso, porque todos sabemos lo que pasará: disminuirá la participación electoral, sobre todo en los sectores pobres. Respecto al binominal, nada ocurrió en 2011, salvo el trivial y mediático desfile de ex presidentes a La Moneda, para conversar sobre un tema en el que el país, hace ya rato, pide a gritos un cambio. Nada tampoco sobre una nueva ley de partidos políticos, porque quienes los dirigen valoran la democracia como forma de gobierno de la sociedad, aunque no la practican e incluso la desprecian en la conducción de las colectividades que encabezan. Continuará también la espera de una ley de primarias obligatorias que evite que los candidatos sean designados entre las cuatro paredes no diré de la sede de los partidos, sino de la casa de quienes los presiden. Relativo al voto de chilenos en el extranjero -un derecho que siempre han tenido y que sólo falta implementar-, persistirá la dilación, en otra muestra del pánico que la clase política tiene a la competencia y la incertidumbre. ¿Cambios en distritos y circunscripciones en que unas decenas de miles de habitantes eligen el mismo número de senadores y diputados que en zonas donde viven cientos de miles? Ármese de paciencia, porque esto no lo quieren ni parlamentarios de la Alianza ni de la Concertación, todos confortablemente instalados en territorios ya familiares y con electores conocidos. ¿Modificación de quórums para reformar la Constitución y eliminación de mayorías especiales para aprobar determinadas leyes? No se oye. ¿Régimen presidencial atenuado? Todo lo contrario, se trata de replicar en ministerios y servicios públicos el fuerte presidencialismo que se ejerce en la Moneda. ¿Una nueva Constitución?

La Alianza nunca la ha querido y la Concertación creyó que las reformas de 2005 equivalían a una nueva carta fundamental sólo porque salió de ella la firma de Pinochet. El miedo, los intereses, la comodidad y la complacencia seguirán demorando en 2012 las reformas políticas, mientras que la crisis económica, las elecciones de fin de año y el poco tiempo que le queda al actual gobierno serán pretextos para lo mismo. Entusiastas partidarios de las «leyes cortas» -que no son otra cosa que leyes parche-, nuestros legisladores siguen siendo víctimas complacidas del miedo a cambios políticos profundos.