30/03/2012

«A comienzos de año compartí con los lectores una columna titulada «La parálisis de las reformas políticas». Hoy entrego otra sobre el mismo asunto, con un título más próximo a la realidad, puesto que tales reformas, o al menos las más importantes -sistema binominal, primarias obligatorias, régimen presidencial atenuado, nueva ley de partidos políticos, voto de chilenos en el extranjero, cambios en distritos y circunscripciones para que no se continúe distorsionando el valor del voto, y modificación de quórums para reformar la Constitución y aprobar determinadas leyes-, ya no tendrán lugar durante el presente gobierno. Éste las ha sacado de su agenda (¿las tuvo alguna vez en ella?), bajo el pretexto de que no concitan acuerdo…»

A comienzos de año compartí con los lectores una columna titulada «La parálisis de las reformas políticas». Hoy entrego otra sobre el mismo asunto, con un título más próximo a la realidad, puesto que tales reformas, o al menos las más importantes -sistema binominal, primarias obligatorias, régimen presidencial atenuado, nueva ley de partidos políticos, voto de chilenos en el extranjero, cambios en distritos y circunscripciones para que no se continúe distorsionando el valor del voto, y modificación de quórums para reformar la Constitución y aprobar determinadas leyes-, ya no tendrán lugar durante el presente gobierno. Éste las ha sacado de su agenda (¿las tuvo alguna vez en ella?), bajo el pretexto de que no concitan acuerdo y de que prefiere concentrarse en salud, educación y seguridad, como si éstos no fueran problemas que todo gobierno debe gestionar y que, por su misma índole y complejidad, nunca han tenido ni podrán tampoco tener lo que se llama una solución. Se trata, en los tres casos, de ámbitos en los que lo más que se puede conseguir son mejoras progresivas y a los que, si bien cada gobierno suele hacer avances respecto de anteriores administraciones, ninguno de ellos, en Chile ni en ninguna parte, podrá decir alguna vez que les ha puesto punto final. Por otra parte, el acuerdo RN-DC, en tanto amarró el cambio del binominal a una cuestión mucho más compleja y debatible -la modificación del régimen presidencial-, tendrá el efecto de postergar una vez más las decisiones sobre reforma del sistema electoral.

Cuando usted junta un tema menos espinoso y que concita gran acuerdo en la ciudadanía (el cambio del sistema binominal) con otro nuevo que reúne menos consenso y que es de mayor complejidad (el cambio del régimen político), sólo conseguirá que la larga discusión que recién se inicia sobre el segundo acabe perjudicando la celeridad que podría conseguirse en el despacho del primero. Tampoco hay buenas expectativas para las restantes reformas, porque el Ejecutivo, que en materia de iniciativa y tramitación de las leyes tiene la sartén por el mango, ha decidido esperar a que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, renunciando a ser el que promueva, busque y obtenga finalmente ese acuerdo. No parece razonable, y ni siquiera decente, que un gobierno que gobierna, y no meramente observa, se siente a esperar a que sobre sus iniciativas de ley haya acuerdo antes de que se envíen al Congreso, que es el lugar donde los proyectos deben precisamente discutirse para conseguir los acuerdos del caso. La actual administración dice no estar dispuesta a impulsar iniciativas testimoniales -entendiendo por tales aquellas que no las tienen todas consigo en cuanto a su aprobación en el Congreso-, en circunstancias de que lo que se espera de un gobierno es que concrete en políticas públicas, actos administrativos y proyectos de ley aquello en lo que cree y no únicamente lo que tenga mayores posibilidades de ser aprobado. Las reformas políticas tienen que ver con la calidad de nuestra democracia y con correcciones al déficit de representatividad que los movimientos sociales de 2011 imputaron con toda razón a algunas de nuestras instituciones, en especial a partidos políticos, cámaras legislativas y gobiernos regionales. Así las cosas, renunciar a ellas, o continuar avanzando con pies de plomo, equivale a abdicar del deber de mejorar nuestra democracia y a desoír y defraudar, una vez más, el clamor que patentizaron las mencionadas movilizaciones, exponiéndose a que ellas se reanuden este año, aún con mayor fuerza y crispación, y, desde luego, con toda razón y fundamento. Lo peor de todo es que buena parte de las reformas son rechazadas únicamente por la UDI, un partido que no conoce la democracia ni siquiera en sus elecciones internas.