26/02/2016

Agustín Squella: «Entonces, no es justo descartar los derechos sociales porque cuestan dinero y olvidar que las otras dos generaciones de derechos demandan también recursos del Estado. A la parte minoritaria de la población que tiene asegurado el acceso a la salud y a la educación le resultará siempre cómodo negar que el resto tenga derecho a tales bienes».

Los derechos humanos, también llamados derechos fundamentales, son distintos de los derechos comunes. Si los segundos se adquieren en razón de actos que celebran las personas (por ejemplo, el derecho del comprador a que se le entregue la cosa que adquirió) o de situaciones en las que se encuentran (el derecho del hijo a recibir alimentos de sus padres), los primeros adscriben a todo individuo de la especie humana por el solo hecho de ser tal (como el derecho de circular o de expresarse libremente).

Los derechos humanos son una feliz creación de la modernidad que tiene antecedentes en el Medioevo e incluso en la Antigüedad. Son parte de lo que se llama «proceso civilizatorio». Proceso y a la vez progreso civilizatorio. Los derechos humanos se abrieron paso con dificultad y no siempre por vías enteramente pacíficas. No se trató, inicialmente, de concesiones espontáneas de monarcas de buen corazón, sino que fue necesario arrebatarlos a estos. Un buen ejemplo es la Carta Magna de 1215, cuyo texto dice que fue «otorgada» por Juan, Rey de Inglaterra, en circunstancias de que tres poderosos estamentos de la época -nobles, clero y comerciantes- habían rodeado antes el castillo del soberano con un ejército de mil hombres a caballo.

Los derechos fundamentales se han expandido a lo largo de la historia: una primera generación -la de los derechos personales- representó límites al poder político, por ejemplo, prohibiendo la violación del domicilio de las personas o la expropiación ilegal de sus propiedades; una segunda -la de los derechos políticos- fue más lejos y encarnó el reclamo de participar en el poder y no simplemente de limitarlo, como es el caso del derecho a elegir y ser elegidos para cargos de representación popular; y una tercera generación -la de los derechos sociales- corrió todavía más el cerco y se presentó como exigencias a las que debe atender cualquiera que ejerza el poder (por ejemplo, el derecho a asistencia sanitaria, a la educación, a una previsión oportuna y justa).

Así las cosas, los derechos humanos son una auténtica escalada, y si bien es cierto que luego de nacer suelen pasar un tiempo en la incubadora, nadie los pone hoy en duda por el hecho de que, declarados como tales, se realicen solo parcialmente en la práctica. Una vez reconocidos en textos constitucionales y en tratados internacionales, los derechos fundamentales fuerzan políticas y decisiones públicas a favor de su creciente realización. Sí, el derecho al trabajo no acaba con la cesantía, pero el hecho de reconocerlo como fundamental fuerza a los estados a que legislen para establecer un seguro de cesantía.

Es un hecho que los derechos humanos cuestan dinero, mucho dinero, y no solo en el caso más evidente de los derechos sociales. También cuestan dinero los derechos personales, para cuya garantía y protección es preciso mantener un Poder Judicial y servicios ante los cuales reclamar por su infracción y aplicar las sanciones del caso. Los derechos políticos cuestan también lo suyo, porque es necesario dar financiamiento público a los partidos, organizar las elecciones, instalar un Servicio Electoral y contar con tribunales electorales. Entonces, no es justo descartar los derechos sociales porque cuestan dinero y olvidar que las otras dos generaciones de derechos demandan también recursos del Estado. A la parte minoritaria de la población que tiene asegurado el acceso a la salud y a la educación le resultará siempre cómodo negar que el resto tenga derecho a tales bienes.

Se hace mucho caudal a propósito del dinero que costarán las recientes reformas en materia de financiamiento y transparencia de la actividad política, y lo mismo pasa con los recursos que empieza a demandar el proceso constituyente. Ni qué decir de la escandalera que hacen los conservadores a raíz del gasto para satisfacer derechos sociales. Pero los que reclaman por los desembolsos que demandan los derechos políticos y sociales rara vez suelen mencionar el que también exigen los derechos personales, entre los cuales se cuenta la protección de sus propiedades.