29/12/2017

«Y el segundo gobierno de Bachelet, ¿qué ha sido? Transformador, sin duda. Ni revolucionario ni reformista».

En su relación con el cambio, los gobiernos pueden ser revolucionarios, transformadores, reformistas o de administración.

Revolucionario es aquel que echa abajo las instituciones existentes, cambiándolas por otras, para lo cual pasa por encima de las reglas de la democracia sobre acceso al poder y ejercicio de este. Digamos que se trata de la retroexcavadora.

Transformador es el gobierno que hace cambios estructurales, sin pasar a llevar las reglas de la democracia, y puede ser comparado con el constructor que añade o suprime habitaciones, muros o pilares a una casa.
Reformista es aquel que realiza mejoras, es decir, algo menos que transformaciones, sin cargarse tampoco las reglas de la democracia, y se parece a los habitantes de una vivienda que cambian de lugar algunos muebles, pintan o alteran el uso de las habitaciones.

En fin, un gobierno de administración es el que no tiene más pretensión que hacer una buena gestión, sin transformar nada ni proponerse grandes reformas, y puede ser comparado con los habitantes de una casa que se limitan a pasar un pañito de sacudir.

Para evaluar a un gobierno es preciso determinar antes a cuál de esas cuatro categorías pertenece, puesto que a un gobierno revolucionario no se lo puede juzgar con los mismos criterios que a uno de administración, ni a uno transformador con los que se emplean ante uno reformista. Por cierto que ningún gobierno, salvo el de carácter revolucionario, es cien por ciento transformador, reformista o de administración. Lo que hay en la realidad son gobiernos híbridos, aunque más inclinados de uno u otro lado según los casos. Por ejemplo, cuentan que Frei Montalva se molestaba cuando le decían que su gobierno era reformista; él prefería considerarlo transformador, y realmente lo fue.

El primer gobierno de Piñera fue claramente de administración y así también se nos promete el segundo. El de Ricardo Lagos fue tanto reformista como transformador. Por lo demás, un gobierno que se propone ser transformador puede resultar solo reformista si los cambios estructurales que impulsa necesitan contar con un apoyo parlamentario del que carece. Si Lagos pudo promulgar recién en 2005 las reformas constitucionales más importantes, ello se debió no a falta de voluntad, sino a que solo entonces contó con los votos de la derecha en ambas cámaras.

Y el segundo gobierno de Bachelet, ¿qué ha sido? Transformador, sin duda. Ni revolucionario ni reformista. Menos aún de administración. Muchos podrán no estar de acuerdo con las transformaciones que realizó o lamentar que tuvieran deficiencias técnicas o que su gestión política resultara deficiente. Lo que se quiera, pero lo que no cabe dudar es que se trató de un gobierno transformador. Tanto que a pocos meses de su término sigue impulsando transformaciones, para molestia de quienes lo acusan de incurrir en un frenesí legislativo y que son los mismos que le habrían diagnosticado el síndrome del pato cojo si hubiera renunciado a gobernar hasta el último día.

La lógica del actual gobierno fue transformadora, y se trate o no de la palabra adecuada, es en tal sentido que de un tiempo a esta parte se habla de su «legado». A mí no deja de sorprenderme que recién en el último año de gobierno la mayoría de nuestros analistas políticos haya caído en cuenta que se trataba de eso y no, como afirmaron durante los primeros tres años, de improvisación, terquedad, torpeza, o imitación de la revolución bolivariana. Ha sido un gobierno que se propuso transformar de espaldas a las encuestas y al tema de la sucesión presidencial.

Vean ustedes: reforma tributaria y laboral; cambio del sistema binominal; voto de los chilenos en el extranjero; inicio de un proceso constituyente; acuerdo de unión civil y proyecto de matrimonio igualitario; creación del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; reforma educacional, desmunicipalización incluida; nueva carrera docente; gratuidad parcial de la educación superior; innovación energética; leyes de probidad y transparencia de la actividad política, y la lista no acaba ahí. Un número tal de transformaciones que bien podrían sugerir una quinta categoría de gobiernos: los implementadores de las transformaciones que hizo uno anterior. Y como lo que hay siempre son gobiernos híbridos, el que vamos a tener en marzo será tanto de administración como de implementación. De administración por vocación y de implementación por obligación.