Agustín Squella - Constituyente Distrito 7
Top
9/03/2018

«Nuestros desacuerdos constitucionales no deberían ser motivo de una parálisis constitucional».

El más insustancial de los reparos al proyecto de nueva Constitución es que fue firmado cinco días antes del término del gobierno que lo patrocina. Reparo insustancial y también engañoso, puesto que lo que se hace con él es ocultar la verdadera razón del rechazo que algunos tienen a la iniciativa: la oposición a la sola idea de una nueva Constitución, así el proyecto respectivo se firmare cinco días antes de terminar un gobierno, 50, 500 o 1.500 días.

Como es de conocimiento general, avanzar hacia una nueva Constitución dentro de las reglas de la democracia fue uno de los puntos programáticos más relevantes del gobierno que asumió en marzo de 2014, sin que deba olvidarse que se trató también de una propuesta del candidato Frei Ruiz-Tagle cuando este compitió con Sebastián Piñera, algo que vale la pena recordar a algunos camaradas de Frei renunciados al partido o que se encuentran en período de reflexión, quienes de seguro van a culpar al Partido Comunista, la extrema izquierda o la obcecación de la Presidenta por el paso dado el martes recién pasado.

Lo ocurrido ese martes, en consecuencia, no fue una sorpresa parecida a una de esas palomas que un prestidigitador saca de pronto de su sombrero y pone a volar ante la mirada atónita del público. Y en cuanto al momento de la firma del proyecto, debe vérsele como resultado de que la iniciativa no fue improvisada y de que, por el contrario, es fruto de un participativo y pausado proceso que se inició hace dos años. Un proceso que una minoría nunca quiso que llegara a puerto, es decir, a la formulación expresa de un proyecto enviado al Congreso, y que, a pocos días de asumir un gobierno de su gusto, se estaba preparando para criticar al actual por no haber cumplido esa meta. Palos porque bogas si mantienes la iniciativa hasta el último día de tu mandato, y palos porque no bogas si te transformas en un pato cojo que solo cuenta las horas que faltan para dejar el gobierno.

Como pasa con cualquier proyecto, y con mayor razón con uno destinado a reemplazar una Constitución, la reciente iniciativa, vista ahora en sus contenidos y no solo en su oportunidad, va a producir adhesiones y rechazos, pero lo bueno de la democracia y sus reglas es que permiten conducir ese debate hasta llevarlo de modo pacífico a una decisión final que resulte vinculante para todos. La democracia es discusión, debate, argumentación, pero dentro de un marco procedimental que evita que esa discusión se vuelva eterna o se resuelva en aplicación de la ley del más fuerte.

Se puede ser optimista o escéptico en cuanto al futuro del proyecto de nueva Constitución. Se lo puede considerar viable o inviable. Ahí parten ya las discusiones. Hay fuerzas políticas que nunca han querido oír hablar siquiera de una nueva Constitución y que dentro de pocos días van a estar instaladas en La Moneda, unas fuerzas que harán todo lo posible por parapetarse en el altísimo quórum que la actual Constitución dispone para su cambio o reforma. Pero hay también una ciudadanía que está mayoritariamente muy de acuerdo con llegar a tener una nueva Constitución y habrá también, dentro de muy poco, un parlamento cuya composición es mucho más heterogénea y de voto más impredecible que el que tuvimos desde 1990, dividido durante 28 años en dos coaliciones que absorbían toda la representación política del país.

Por lo demás, ¿quién dice que deben presentarse solo aquellos proyectos que tienen asegurada su aprobación en el Congreso? Si un gobernante cree que una iniciativa importante va a resolverse finalmente por mayoría, no debe renunciar a presentarla solo porque será difícil conseguir esa mayoría. El cálculo, siempre importante en política, no puede serlo hasta el extremo de pulverizar las convicciones, salvo que hubiéramos llegado a un estado de completo cinismo acerca de cómo deben comportarse las autoridades en un régimen democrático.
Una Constitución democrática, junto con reflejar acuerdos, es una previsión acerca de cómo se resolverán los futuros desacuerdos. Por tanto, los desacuerdos no deben ser motivo de bochorno ni menos sumirnos en un estado constitucional vegetal que nos mantenga sin posibilidad de movernos hacia ningún lado.

La cena constitucional está servida.