4/05/2018

«Si el nuevo gobierno quiere aplicar austeridad y recortes en el gasto público, lo que debería hacer es promover nuevas regulaciones y controles acerca del muchísimo dinero que las Fuerzas Armadas reciben y administran».

Todos los gobiernos -cualquiera sea el sector político que representen- se parecen mucho entre sí, y no solo porque tienen y ejercen el poder, sino por lo que sus representantes relatan a diario a los ciudadanos.

Todo gobierno pide que le dejen cumplir su programa, todo gobierno nos recuerda a cada instante que ese y no otro fue el programa votado por la mayoría, y todo gobierno insiste en que gobernará desde el primero hasta el último día de su mandato, y todo eso aunque antes de llegar a La Moneda, cuando era oposición a un conglomerado de otro color político, haya criticado duramente a este por haber intentado cumplir su programa y no el de sus opositores, por haber justificado ese empeño en el hecho de haber ganado una elección, y por obstinarse en ejercer el poder hasta el término legal de su período.

Un vocero es igual al que ejercía esa función en el gobierno pasado, también un ministro de Hacienda, y ni qué decir uno de Defensa. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo todos los ministro de Defensa, de unos y otros gobiernos, adoptan rápidamente posición de firmes y paso militar, cuadrando la mandíbula al pasar ante un simple destacamento de saludo? ¿Han reparado los lectores en cómo esos ministros se mimetizan con sus subordinados vistiendo ropas de campaña y afirmándose como pueden en el piso de los vehículos militares, a los que gustan subir para ser conducidos a la vista del público? Todos los ministros de Defensa parecen transformar a sus subordinados en camaradas de armas y dar a entender que nada podría gustarles más que tener libre acceso al Casino de Oficiales.
Tuvimos una dictadura cívico-militar. Más bien, una dictadura cívico-militar-empresarial. Y eso por la sencilla y objetiva razón de que si las Fuerzas Armadas gobernantes se bastaban para reprimir a los opositores, en otros asuntos, digamos políticos y económicos, necesitaron apoyos que encontraron en parte de una civilidad dispuesta tanto a servirlas como a servirse de ellas y en parte también de un empresariado que vio la oportunidad de obtener mayores ganancias con todas las bazas tributarias y laborales a su favor.

Nuestra transición fue también cívico-militar- empresarial; o sea, tuvo influyentes protagonistas de esos tres campos, y ello explica que la actitud de nuestros ministros de Defensa frente a las Fuerzas Armadas no sea algo anecdótico, sino manifestación de la que han tenido los gobiernos de los que esos ministros formaron parte y expresión, asimismo, de que esos gobiernos decidieron no tocar el estatuto de las Fuerzas Armadas, especialmente en materia de extensión de la carrera militar, contrataciones, remuneraciones, dobles remuneraciones, pensiones, dobles pensiones, recontrataciones de personal jubilado, licitaciones, contratos directos, y, en general, administración financiera de cada una de ellas, donde el exceso de discrecionalidad y falta de controles internos y externos desembocó en actos de corrupción que en el caso de Carabineros han alcanzado dimensiones desmesuradas en cuanto a número y jerarquía de mando de los involucrados, monto de los recursos defraudados al país y tiempo durante el cual se llevaron a cabo las operaciones fraudulentas. Ni hablar de la insólita pasividad de todos los gobiernos ante la legislación que deriva hacia las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas del cobre.

Si el nuevo gobierno quiere aplicar austeridad y recortes en el gasto público disminuyendo viáticos, viajes y horas extraordinarias, conseguirá muy pocos ahorros. Lo que debería hacer, además, es promover nuevas regulaciones y controles acerca del muchísimo dinero que las Fuerzas Armadas reciben y administran a veces como si se tratara de recursos propios y no del país. No basta con reestructurar Carabineros ni con tener ahora el auxilio de la Contraloría para una mejor fiscalización. Nuestra transición cívico-militar-empresarial tuvo ese triple carácter que ya no podemos enmendar, pero su componente militar no tendría por qué seguir penándonos en los muy insuficientes controles internos y externos de la gestión financiera de las Fuerzas Armadas.

La satisfacción que los chilenos quieren sentir por sus institutos armados no puede depender solo de la gallardía con que estos desfilan cada 19 de septiembre o de que nuestros carabineros del tránsito nunca se dejen sobornar por los infractores.