Agustín Squella - Constituyente Distrito 7
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3/05/2019

«¿Qué debe hacer un Estado que ha violado derechos fundamentales si no responder por ello?».

El nuestro ha sido llamado “el tiempo de los derechos”. Todos los reclamamos y somos cada vez más conscientes de que hay una categoría especial de ellos —los derechos fundamentales— que tienen carácter universal, o sea, que adscriben a todos los individuos. No es lo mismo el derecho de quien dio en arriendo su casa a recibir la renta que se hubiere pactado, que el derecho a circular libremente por el territorio nacional y a entrar y salir de este sin dar explicaciones a nadie. El primero de tales derechos —el del arrendador— es solo suyo, de nadie más, y proviene del contrato que celebró con su arrendatario, mientras que el segundo es de todos, puesto que así lo disponen la Constitución de los Estados democráticos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El tiempo de los derechos, hemos dicho, pero llama la atención el alto grado de desconocimiento que existe en materia de derechos fundamentales. Consultada por ellos, la mayoría no pasa de decir que se trata de derechos importantes, de todos, que siempre deben ser respetados, y a la hora de dar ejemplos de derechos de ese tipo, se suele aludir solo a aquellos que conciernen a la libertad de las personas y a la integridad física de estas. No se acostumbra mencionar los derechos políticos, también fundamentales, y menos los de carácter social. Hay todo un sector político que niega la existencia de los derechos sociales (a la atención sanitaria, a la educación, a una vivienda digna, a una previsión oportuna y justa) y que considera que los impuestos que percibe el Estado para satisfacerlos son expropiaciones. Ignoran de ese modo que desde 1966 existe un Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por Chile en el marco de la ONU, como hay también, de ese mismo año, uno de derechos políticos y civiles.

Uno de los procesos más visibles por los que han pasado los derechos humanos desde su aparición bajo ese nombre en los siglos XVII y XVIII es el de internacionalización de los mismos, precisamente a través de declaraciones y tratados de carácter internacional. Otra expresión de ese proceso es que tales derechos dejaron ya de ser de exclusiva preocupación interna de cada Estado y pasaron a ser un asunto de interés internacional. Ya no vale que un dictador apele al principio de no intervención en los asuntos internos de su país cuando la comunidad internacional denuncia las violaciones a los derechos humanos que ocurran en él. Tampoco vale que se escude en la soberanía nacional con ese mismo propósito.

La internacionalización de los derechos fundamentales es un fenómeno reciente. Partió con la Declaración Universal de diciembre de 1948, y nuestra América tiene el mérito de haberla hecho suya algunos meses antes de ese mismo año, luego de lo cual se estableció un sistema regional de protección de los derechos, constituido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte del mismo nombre. Sistemas similares hay en Europa, Asia y África, sin perjuicio del sistema universal de protección que también existe.
Todo eso ha significado un progreso para los derechos humanos, y llama muy negativamente la atención que el gobierno de Chile haya promovido un documento destinado a debilitar a las dos instancias de protección americana antes señaladas, y solo porque algunos fallos de la Corte Interamericana le están costando mucho dinero. ¿Qué debe hacer un Estado que ha violado derechos fundamentales si no responder por ello? La solución es no violar derechos en vez de protestar porque la justicia hace efectiva la responsabilidad estatal.
Nuestros conservadores locales nunca han sido amigos de la justicia internacional. Recuerden ustedes que en 1978 Pinochet llamó a una consulta nacional para rechazar la condena de la ONU por la situación de los derechos en Chile. Recuerden cómo se reaccionó cuando la Comisión Interamericana objetó la institución de los senadores designados. Y recuerden cómo fue gracias a un fallo de la Corte Interamericana que Chile acabó con la censura cinematográfica, y esto recién en 2002.

No se puede invocar el sistema interamericano de derechos humanos para reprobar a Maduro y, a la vez, intentar debilitar ese sistema cuando se trata de cumplir sentencias que cuestan dinero.