Agustín Squella - Constituyente Distrito 7
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11/11/2021

Artículo para la Revista Universitaria UC.

Siempre es preciso partir por el significado de las palabras –en este caso «cultura»–porque casi todas son multívocas, es decir, tienen varios usos, de manera que es importante aclarar en cuál o cuáles de sus acepciones la estamos utilizando. Lo que nos libera de esa exigencia es que, muy a menudo, el contexto aclara la definición. Así, es muy habitual emplearla en todo lo que concierne a la creación, producción y difusión de las artes.

Con este concepto nos referimos también a un conjunto de bienes de especial valor simbólico, tangibles e intangibles, que confieren identidad a un lugar, a una ciudad, a un país, a un continente o a la completa humanidad, caso en el cual hablamos de «patrimonio cultural».

«Cultura» es igualmente en término con el que aludimos a las creencias y maneras de pensar, de sentir y de vivir que predominan en un determinado sitio o pueblo, en el que, si se trata de una sociedad democrática y abierta, lo que hay son distintas culturas. Es decir, una pluralidad de tales creencias y maneras de pensar, de sentir y de vivir, diferentes y en algunos puntos hasta rivales entre sí.

En este último sentido es evidente que influya en el futuro texto constitucional chileno, como también lo harán los intereses de distintas personas, agrupaciones y sectores sociales, puesto que una sociedad es, ante todo, un avispero de múltiples intereses en pugna.

En cuanto a los otros dos sentidos de la palabra, parece evidente que la nueva Constitución será mucho más explícita y comprometida en cuanto al deber del Estado de impulsar y apoyar el desarrollo cultural del país. Esto debe ser de manera armónica, desde un punto de vista territorial, tanto en lo que se refiere a la creación, producción y difusión artística como en lo relativo al cuidado, incremento y disfrute del patrimonio cultural. Lo que el Estado posee en esta materia no son derechos, sino deberes. En cambio, los sujetos y organizaciones que ellos forman, así como los distintos pueblos de Chile, tienen derechos culturales, cuya consagración en el futuro texto constituyente tendrá que ser considerada. En el caso de los pueblos, además de su reconocimiento explícito en la nueva Constitución, habrá que determinar con suficiente precisión cuáles son los derechos que les asisten, y no solo en el ámbito cultural.

Tratándose de los individuos y de las organizaciones que ellos forman con los fines que comentamos, tendrán el derecho a participar en la vida cultural del país, de la región y de la ciudad en que vivan o existan; derecho a acceder a bienes culturales; derecho a conocer y disfrutar del patrimonio cultural; derecho a la libre creación y difusión artística; derecho de los creadores, artistas y productores a recibir los beneficios espirituales y materiales de las obras que crean, producen o difunden; y a beneficiarse de los resultados de las ciencias y tecnologías, en especial en lo que se refiere a la conexión digital.

Pero hay otro significado de este término, mucho más amplio que los anteriores, y se refiere a todo lo que hombres y mujeres producen con miras a que cumpla unas ciertas funciones y realice determinados fines, desde las comidas que preparamos hasta las carreteras que construimos; desde la invención de la bicicleta a Internet. Todo lo que resulta de la acción conformadora y finalista del hombre, decía nuestro filósofo Jorge Millas. Todo lo que el hombre ha sido capaz de colocar entre el polvo y las estrellas, según la bella definición de Gustav Radbruch.

En ese sentido amplio de «cultura», el derecho es también un producto de ella, como lo será igualmente la próxima Constitución. De aquel y de esta, como creaciones humanas que son, se espera que cumplan ciertas funciones y realicen determinados fines. Por lo mismo, cuando a propósito de esa carta fundamental, hablemos en el futuro de cultura, será necesario aclarar en cuál o cuáles sentidos de esa palabra la estaremos utilizando.