La Constitucion Protege La Vida Que Esta Por Nacer?

La Constitucion Protege La Vida Que Esta Por Nacer
El artículo 75 del Código Civil señala también que la ley protege la vida del que está por nacer, dando facultades al juez, para que de oficio o a petición de parte tome las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.

¿Qué significa que la ley protege al que está por nacer?

DESPENALIZACIÓN DE TRES CAUSALES DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO El señor ESPINA.- Señor Presidente, el argumento central de quienes apoyan este proyecto, que autoriza el aborto en tres causales, es el pleno derecho y autonomía que tiene toda mujer sobre su cuerpo y sus derechos reproductivos, lo cual le permitiría terminar voluntariamente con la vida de su hijo que está por nacer.

Los que nos oponemos a esta iniciativa sostenemos que el derecho a la vida del que está por nacer prevalece frente a cualquier otro derecho, de acuerdo a lo que expresamente señalan los tratados internacionales, nuestra Constitución y las leyes vigentes. Quiero entregar los fundamentos en virtud de los cuales sostengo que este proyecto de ley infringe abiertamente la protección que las normas citadas hacen del derecho a la vida del que está por nacer.

Debo manifestar que los autores de las citas que mencionaré en esta intervención están indicados en el informe de la Comisión de Constitución, que transcribe los fundamentos de mi voto. La dignidad de todo ser humano es la base sobre la cual se sustenta nuestra sociedad, cualquiera que sea nuestra posición política, sexo, creencia o religión.

  • La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce esto al expresar que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e INALIENABLES de todos los seres humanos”.
  • Recordemos que la dignidad “es la cualidad del ser humano que lo convierte en fuente y titular de los derechos inherentes a su naturaleza, siendo los derechos humanos la expresión más inmediata de esa dignidad”.

La forma en que se materializa la protección legal de la dignidad del ser humano es la Constitución y las leyes, lo que incluye el amparo del derecho más importante que tiene una persona, que es su derecho a la vida y, por cierto, su derecho a nacer.

  • Este proyecto de ley infringe diversas normas de nuestra Constitución.
  • La más grave, sin duda, es el atropello a la protección de la vida del que está por nacer.
  • El artículo 19, N° 1°, de la Constitución asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, lo que debe entenderse abarcando la protección de la vida del que está por nacer, las exigencias relativas a la pena de muerte y a la prohibición de apremios ilegítimos”.

La extensión de esta protección queda de manifiesta cuando se constata que el sujeto activo es la ley; el verbo rector, “proteger”; el ámbito protegido, la vida, y el sujeto pasivo, el que está por nacer. Existe, por lo tanto, un doble fortalecimiento de la protección que se otorga a la vida del que está por nacer: “asegura” y “protege”.

En consecuencia, el mandato legal de proteger la vida del niño que está por nacer se refiere a ampararlo de toda amenaza que ponga en peligro su vida, lo único que aquel indefenso ser humano posee. La negación de su carácter de persona conduciría al despojo de toda defensa jurídica de quien no tiene ninguna defensa material ni física, ya que a todo evento solo depende de su madre, que lo cobija.

Según el Tribunal Constitucional, “la intención fue confiar al legislador las modalidades concretas de protección de la vida del que está por nacer, en el entendido de que se trata de un ser existente e inserto en la concepción de persona, en cuanto sujeto de derecho, a que alude el encabezado del artículo 19.

Este mandato al legislador importa la protección de un derecho y no solo del bien jurídico de la vida, distinción que no es menor para estos sentenciadores”. Junto con lo anterior, este proyecto vulnera claramente otra norma del capítulo más importante de nuestra Carta Fundamental, relativo a los derechos y deberes constitucionales, esto es, los derechos humanos que protege el Estado de Chile.

El artículo 19, N° 26°, para impedir que el legislador limite abusivamente los derechos fundamentales que se garantizan, establece: “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia”.

Resulta evidente que si se priva de su vida a un ser humano que está por nacer, se afecta en su esencia su derecho más importante, siendo, por ende, inconstitucional una desprotección de esta naturaleza. Por otro lado, nuestra Constitución señala perentoriamente en su artículo 5° a todas las autoridades que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.

¿Qué derecho humano más esencial emana de la naturaleza humana que el derecho a la vida? Obviamente, es el principal y el que mayor protección requiere. En lo que respecta a los tratados internacionales, la iniciativa contiene las siguientes infracciones a las normas que protegen el derecho a la vida.

  • La Convención sobre los Derechos del Niño dispone que “el niño, por razones de su dependencia física y mental, necesita ciertos cuidados y protecciones (.) legales antes y después de nacido”.
  • Este párrafo habla, precisamente, de la protección legal del niño antes de su nacimiento.
  • En otras palabras, se dice que el concebido es un niño no nacido, pero, en todo caso, “un niño”.

Por su lado, el artículo 2 indica que “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de (.) el nacimiento (.) o de la condición de sus padres”.

  • Asimismo, el artículo 6 indica que “todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”.
  • De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, persona es todo ser humano.
  • En su artículo 4.1 señala: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
  • Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

En ese sentido, para la citada Convención la vida de una persona existe desde el momento en que ella es concebida o, lo que es lo mismo, que se es persona o ser humano desde el momento de la concepción y desde ese momento debe ser protegida. Este proyecto de ley además está en abierta contradicción con normas de nuestra legislación común que también protegen la vida del que está por nacer, las cuales no solo lo hacen en abstracto, sino que otorgan acciones legales concretas para que este amparo sea efectivo.

  1. El artículo 75 del Código Civil expresa textualmente: “La ley protege la vida del que está por nacer.
  2. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquier persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra”.

El artículo 16 del Código Sanitario dispone: “Toda mujer, durante el embarazo y hasta el sexto mes del nacimiento del hijo, y el niño, tendrán derecho a la protección y vigilancia del Estado por intermedio de las instituciones que correspondan”. La Ley N° 20.120, sobre Investigación Científica en el Ser Humano, establece: “Esta ley tiene por finalidad proteger la vida de los seres humanos, desde el momento de su concepción, su integridad física y psíquica”.

  • La jurisprudencia de nuestros tribunales también se ha pronunciado en torno a la protección de la “persona” que está por nacer, en cuanto sujeto de derecho.
  • Así, la Corte Suprema, en un fallo de 30 de agosto de 2001, señaló: “El que está por nacer, cualquiera sea la etapa de su desarrollo prenatal, pues la norma constitucional no distingue, tiene derecho a la vida, es decir, tiene derecho a nacer y a constituirse en persona”.

La protección constitucional de la persona a partir del momento de la concepción se vio plenamente reafirmada en Chile durante la discusión de la reforma al artículo 1°, inciso primero, de la Constitución, que sustituyó la palabra “hombres” por “personas”.

  1. Expresamente se indicó: “El nasciturus, desde la concepción, es persona en el sentido constitucional del término, y por ende, es titular del derecho a la vida”.
  2. De todo lo expuesto se concluye que nuestra Constitución claramente protege la vida del que está por nacer, como persona y titular del derecho a la vida.

Razonar de otra manera, a mi juicio, importaría desconocer la dignidad sustancial de toda persona, a la que se refiere expresamente nuestra Constitución, la que, además, establece que el ejercicio de la soberanía, en este caso del Congreso Nacional, tiene como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y, por lo tanto, del derecho a la vida del que está por nacer.

Al comenzar mi intervención señalé que quienes son partidarios de este proyecto sostienen como fundamento el pleno derecho y autonomía que tienen las mujeres sobre su cuerpo, a lo que se agrega sus derechos reproductivos, y por consiguiente, pueden voluntariamente terminar con la vida del hijo que está por nacer.

De ser así, creo haber demostrado que este derecho entraría en directa COLISIÓN con el derecho a la vida del que está por nacer. Y siendo este último el derecho más esencial que emana de la naturaleza humana, prevalece frente a cualquier otro derecho, como expresamente lo declara el artículo 5° de nuestra Constitución, en plena concordancia con los tratados internacionales sobre la materia.

Para finalizar, desproteger y permitir que se elimine la vida del que está por nacer implica también desconocer el principio universal denominado “pro homine” o “pro persona”, en virtud del cual el Estado está “al servicio de la persona humana”. Y evidentemente, si se lo autoriza a terminar con la vida de una persona, en este caso del que está por nacer, se infringe gravemente un deber irrenunciable del Estado.

Por esa razón, voto en contra de la idea de legislar. -(Manifestaciones en tribunas).

¿Cuál es el artículo que habla sobre el derecho a la vida?

Artículo 3 : ‘Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.’

¿Cuáles son los derechos de los no nacidos?

Derechos del no nacido Dra. Ofelia Uzcátegui U Ex presidenta de la SOGV. Miembro del Consejo Consultivo El no nacido, es el ser humano en el período de su vida que va desde el momento de la y concepción (fecundación) hasta el momento de su nacimiento y se desarrolla en las etapas diferenciadas de embrión y feto (1).

En el momento de la fecundación (unión del ovocito y espermatozoide) que tiene como consecuencia la formación del cigoto, célula diploide con 46 cromosomas que a continuación experimenta segmentación y formación de blastómeros; estos continúan su división y forman la mórula que entra a la cavidad uterina tres días después de la fecundación y se forma el blastocisto y este da origen al embrión.

La implantación del embrión en la pared uterina ocurre a los siete días de la fecundación. Este período dura 8 semanas y ocurre la organogénesis. Feto es ser humano a partir del tercer mes del embarazo hasta el momento de nacer (parto) (2). En este proceso la materia recibida de los progenitores da lugar a una unidad celular con características propias de inicio de vida individual o sea la característica genética del nuevo individuo con un fenotipo característico (1).

El no nacido es pues un ser humano distinto a sus padres, con su propio código genético y su propio sistema inmunológico, aunque necesita de un entorno necesario para su desarrollo y vida. Los que están de acuerdo con este concepto sostienen que los cuerpos de la madre y el embrión son distintos, pues el ADN del feto es diferente al de la madre, por lo que se considera un ser distinto, tal como lo define la genética al señalar que la fecundación es el momento en que se constituye la identidad genética; la biología celular que explica que los seres pluricelulares se constituyen como dijimos antes, de una célula inicial —el cigoto— en cuyo núcleo se encuentra la información genética, que se conservará en todas las células y es la que determina la diferenciación celular (3).

Con este concepto no todos están de acuerdo, están los que rechazan que el embrión es vida humana desde la fecundación (4). En este grupo existen diversos criterios respecto al momento que se considere la existencia de un ser humano. Así para algunos sería a las doce semanas, para otros cuando el cerebro está desarrollado y por último cuando nace (1).

  • Se ha incorporado recientemente al debate bioético el concepto de pre embrión, para diferenciar los primeros 14 días de desarrollo del no nacido del resto del tiempo (3).
  • Este concepto tampoco es aceptado por todos y opinan que el término pre embrión carece de fundamento científico y es con el fin de justificar las diferentes investigaciones en el embrión (1,5).

Pero el análisis del ADN impondría una prueba en su contra, ya que el ADN del supuesto pre embrión y del embrión y del mismo individuo adulto es el mismo (3). La Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II (6) establece “En realidad, Dios, Señor de la vida, confió al hombre el excepcional ministerio de perpetuar la vida, con tal que lo cumpliera de una manera digna del hombre.

  • Por consiguiente, la vida desde su misma concepción se ha de proteger con sumo cuidado: el aborto y el infanticidio son crímenes nefandos”.
  • La dignidad del hombre y sus derechos humanos están no solo en nuestra Constitución (7) sino que han sido promulgados por normas internacionales como la Declaración Universal de Derechos humanos (8) y sin embargo se incurre en una contradicción (admisión legal del aborto, investigación con embriones).

Hay que recordar que los no nacidos son los humanos más débiles, que necesitan de una mayor protección de todo tipo. “El derecho a la vida es el primero y más fundamental de los derechos humanos, por ello es el supuesto ontológico sin el cual los restantes derechos no tendrían existencia posible, lo que exige su respeto desde su inicio hasta su natural extinción”(1).

  1. Los que no están de acuerdo con lo dicho anteriormente apelan al principio de autonomía de la mujer y dicen tiene prioridad sobre cualquier otro que se quiera otorgar a la gestación (4).
  2. Pero es necesario tener en cuenta el no hacer daño a otro, (no maleficencia), el deber de hacer el bien (beneficencia) y la justicia para con el no nacido (9).

Desde el punto de vista de la medicina se presentan situaciones como la interrupción del embarazo en las cuales, no solo el médico, sino otros integrantes del equipo de salud se niegan a realizar cualquier procedimiento para la madre y/o el feto o evitar que este se lleve a efecto.

  • En estos casos el médico o la enfermera pueden hacer uso de la objeción de conciencia, lo cual es la oposición al cumplimiento de un acto médico, en una situación concreta, que es incompatible con las convicciones de una persona y está basada en razones morales y religiosas (10).
  • La objeción de conciencia es un derecho humano, establecido por las Naciones Unidas en 1948, Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (8).

Esta objeción de conciencia puede presentarse desde el comienzo hasta el final del embarazo y nacimiento del feto. Si el médico, definitivamente, hace uso de su objeción de conciencia, se lo informará a la madre y le recomendará otro médico, con similares experiencias y capacidades o ella lo escogerá directamente.

La objeción de conciencia es un hecho legal en la legislación venezolana: Constitución de Venezuela 2000 (7). Artículo 61. En el Código de Ética en Medicina 2003 (11). Artículo 56 y la Ley del Ejercicio de la Medicina 1983 (12). Artículo 27. La Declaración sobre Derechos del Niño (13) que entró en vigencia a nivel Internacional en 1990, declara en su preámbulo: “El niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento”.

Kizer (14) dice: “debemos prestarle la atención y los cuidados médicos que el feto requiera basándonos en el estatus moral dependiente, que obliga a protegerlos y el cual proviene de la madre”. El no nacido necesita de cuidados para proteger su salud tanto desde el punto de vista físico como psíquico, así como se prestan a la mujer embarazada y se pueden resumir así: El no nacido (nasciturus) tiene derecho a la vida, es el primero y pilar fundamental de los derechos humanos, sin el cual los restantes derechos no tendrían existencia posible, esto exige su respeto desde el inicio de la vida hasta su muerte (1).

Recibir atención prenatal continua, y a la madre se le haga un examen físico, se le soliciten todos los exámenes, en definitiva los cuidados obstétricos esenciales. Alimentación a lo largo de toda su vida, a no recibir agresiones físicas ni tóxicas, como el alcohol, cigarrillos, drogas o cualquier sustancia medicamentosa, fármaco que lo perjudique, siempre que la madre esté informada de las necesidades particulares de los fetos y que sepan que algunos tratamientos tienen consecuencias sobre los fetos (4).

Asimismo las vacunas, ejercicios y otros como las cirugías deben ser conversados con las pacientes, teniendo en cuenta los beneficios y riesgos que puedan acarrear tanto para la madre como para el feto. Por regla general las mujeres aceptan la intervención médica y las indicaciones que les hacen: recomendaciones alimenticias como por ejemplo la ingesta de ácido fólico, de hierro, dieta balanceada, la suspensión del consumo de alcohol, cigarrillos, drogas, etc.; interrupción de actividades que requieran mucho esfuerzo, por el bienestar de sus hijos siempre que se les informe como es debido, de ahí la importancia del consentimiento informado (15).

  1. Así se obtienen nacimientos de niños sanos y se está aplicando el principio de beneficencia (16).
  2. A no ser rechazado por su madre y padre y vivir en un ambiente armonioso, sin peleas, gritos, ruidos, porque esto influye sobre el feto y marca el futuro del niño para toda su vida.
  3. Las mujeres albergan en su seno el más preciado de los frutos y sienten felicidad de sentir los movimientos de la vida en su interior, pero esto representa también una responsabilidad.

REFERENCIAS 1. Calvo MA. El nasciturus como sujeto de derecho. Concepto constitucional de persona frente al concepto pandecista civilista. Cuad Bioét.2004;2:283-297.2. Williams Obstetricia. Cunnigham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong C.23ava edición.

  1. México. Mc Gaw Hill Interamericana editors.2011.3.
  2. Jeffreys A, Wilson V, Thein SL.
  3. Individual specific finger prints of human DNA.
  4. Nature.1985:316:76-79.4.
  5. Dickens BM, Cook RJ.
  6. Ethical and Legal Aproaches to the Fetal Patient.
  7. Int J Gynecol Obstet.2003:83:85-91.5.
  8. García de Yegüez M.
  9. Concepción ética en salud reproductiva.

Rev Obstet Ginecol Venez.2007:67:55- 60.6. Concilio Vaticano II (Documentos completos).Bogotá. Impresor Sociedad de San Pablo.1993.p.176.7. Constitución de l República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial. Extraordinario Nº 5.453.24 de marzo de 2000.8.

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas 1943. En: www.un.org/es/documents/udhr/,9. Mahowald MB. Maternal fetal coflict: positions and principles. Clin Obstet Gynecol.1992:35:729-737.10. Pérez D`Gregorio R. Objeción de conciencia. Rev Obstet Ginecol Venez.2012;72:73-76.11. Código de Ética en Medicina.

Aprobado en la XXXIX Reunión Extraordinaria de la Asamblea Federación Médica Venezolana.2003.12. Ley del Ejercicio de la Medicina. Gaceta Oficial. Extraordinario No 3.002.1982.13. Declaración sobre Derechos del Niño. Disponible: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crchtm,2/05/2013.14.

  1. Izer S. Reflexiones sobre el feto como paciente.
  2. Aspectos bioéticos y médicos.
  3. Gac Méd Caracas.2013:121:101-116.15.
  4. Uzcátegui O, Toro Merlo J.
  5. Consentimiento Informado.
  6. Rev Obstet Ginecol Venez.2008:68:1-4.16.
  7. Urjak A, Carrera JM, McCulliough LB, Chevernac FA.
  8. The ethical concept of the fetus as a patient and the bieginnin of human life.

Period Biol 2009:111:341- 348. Reposo en cama en el embarazo: la hora de poner el tema en descanso Biggio, Joseph R. Jr MD Traducción: Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio En obstetricia, a menudo carecemos de datos fiables sobre los que basar las recomendaciones clínicas para la prevención de complicaciones en el embarazo o para optimizar los resultados del embarazo después de que se presenten complicaciones.

Muchas intervenciones propuestas para la prevención de resultados adversos del embarazo no han podido demostrar un efecto saludable, y, para muchas de estas complicaciones, se se tienen las manos vacías y sin opciones terapéuticas basadas en la evidencia. En estas situaciones, nuestra objetividad y el conocimiento nos dicen que ninguna intervención terapéutica específica es capaz de mejorar la historia natural.

Sin embargo, a menudo es difícil aceptar que realmente no hay nada más que podemos ofrecer y convencer a una paciente y su familia de la misma. En algunas situaciones, enfrentadas con opciones no probadas, a veces los médicos recomiendan reposo en cama.

  • Nuestra inclinación natural es que hacer algo es mejor que no hacer nada.
  • Los orígenes de la recomendación de reposo en cama para el tratamiento de enfermedades médicas data de la época de Hipócrates, pero fue en la segunda mitad del siglo 19, después de la publicación de una serie de conferencias a cargo de Dr.

John Hilton, un presidente del Royal College of Surgeons, que la frecuencia de su uso aumentó. Hilton enseñó que múltiples enfermedades podrían curarse con el uso prudente del reposo (1). Aunque dirigido inicialmente a los trastornos ortopédicos, este principio se aplicó en varios campos, con pocas dudas de su beneficio por casi 100 años.

El reposo en cama como parte del cuidado rutinario del embarazo, especialmente en el período post-parto, se ha practicado durante cientos de años, es común refleja en la nomenclatura de “mentir en” hospitales y el término “fecha de parto” (2). Poco a poco, sin embargo, los datos acumulados sobre los efectos físicos adversos de reposo prolongado en cama, como descondicionamiento muscular, desmineralización ósea, pérdida de acondicionamiento cardiovascular, con pérdida de volumen plasmático, trombosis venosa, y las alteraciones en los sistemas endocrino e inmunológico.

Esto llevó a los cambios en el uso de reposo en cama para el tratamiento de condiciones médicas tales como infarto de miocardio, infecciones pulmonares, y recuperación postoperatorias (2). Del mismo modo, las recomendaciones para el descanso prolongado en cama durante o después del embarazo sin complicaciones se han disipado.

Sin embargo, el reposo en cama es uno de los tratamientos más comúnmente recetados para mejorar los resultados reproductivos en los embarazos complicados, a pesar de la falta de evidencia de que mejore cualquier resultado obstétrico o neonatal (3). Hasta un 95% de los reportes de los obstetras en su práctica recomendan restricción de la actividad o reposo en cama, de alguna forma.3 Casi el 20% de las mujeres grávidas en los Estados Unidos, aproximadamente 800.000 por año-se colocará en reposo entre 20 semanas de gestación y el parto (3- 6).

El setenta y uno por ciento de los especialistas en medicina materno-fetal que respondieron a una encuesta reciente recomendaría reposo en cama después de un parto prematuro detenido, y el 87% se lo recomendaría después de la rotura prematura de membranas, a pesar del hecho de que el 72% y el 56% sintió que era limitado o ningún beneficio a reposo en cama en el marco de trabajo de parto prematuro o la ruptura prematura de membranas, respectivamente (7).

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Esta aparente falta de beneficios no impidió la prescripción de reposo en cama, porque el 85% de los encuestados no reconoció ninguna riesgo importante para la madre o el feto. El reposo en cama tiene un efecto emocional y social considerable en la paciente, su pareja y su familia (2). Por otra parte, el efecto financiero negativo de la restricción de la actividad puede ser profundo cuando uno calcula los ingresos y la pérdida de productividad.

Goldenberg y col. estiman que el costo anual típico de reposo en cama en el año 1993 fue de 1030 millones dólares, con estimaciones conservadoras, pero podría ser de hasta $ 5.7 millones.3 ajustado a 2.013 dólares, el costo varía de casi $ 2 mil millones a $ 7000 millones por año.

  • ¿Por qué los obstetras siguen recomendando la restricción de la actividad por lo general? La respuesta es probablemente multifacética.
  • El miedo a ser responsable de un mal resultado si no se recomienda el reposo en cama o algún tipo de tratamiento puede ser una causa (3).
  • El reposo en cama es malinterpretado como un barato, inocuo, la recomendación lógica ya que a menudo se asocia anecdóticamente con buenos resultados en cada médico en ejercicio.

A falta de pruebas de calidad de influir en la práctica clínica de muchos años y una subestimación de los efectos físicos, psicológicos y financieros sobre la paciente, su familia y la sociedad son otros factores que contribuyen. Dos artículos de este número de Obstetricia y Ginecología (consulte las páginas 1181 y 1305) (8,9) destacan las cuestiones relativas a las recomendaciones para el reposo en cama y la restricción de la actividad durante el embarazo.

Grobman y col.8 examinaron la frecuencia de las recomendaciones para la restricción de la actividad en las mujeres nulíparas y encontraron que tenían una longitud cervical menor de 30 mm. Entre estas mujeres, que se inscribieron en un estudio que investiga la eficacia de caproato de hidroxiprogesterona 17-α para la prevención del parto prematuro en el establecimiento de un cuello uterino corto, 10 casi el 40% tenían algún tipo de restricción de a actividad prescrita —pélvica, restricción en actividad laboral, restricción de actividad no laboral, o alguna combinación de los mismos.

Restricción de actividad no era ni alienta ni desalienta en el ensayo principal y se deja a la discreción del médico a cargo. Después de controlar por las diferencias sociodemográficas y los hallazgos ecográficos (incluyendo la longitud cervical y la canalización), el grupo para el que se recomienda la restricción de la actividad tuvo casi 2,5 veces más probabilidades de tener un parto prematuro antes de las 34 semanas.

Por lo tanto, no solo la restricción de la actividad parece no ser beneficioso en este grupo de mujeres nulíparas con acortamiento cervical, sino que en realidad puede haber sido perjudicial. Con el creciente uso l despistaje del largo del cuello en la práctica obstétrica, estos datos merecen una consideración cuidadosa.

Un argumento en contra de del despistaje universal de la longitud del cuello uterino es la posibilidad de un aumento dramático en el número de mujeres en las que se diagnostica acortamiento cervical. Si el tipo de restricción de la actividad se acercó a como se ve en este estudio, hasta 100.000 mujeres adicionales cada año en los Estados Unidos podría ser sometido a los riesgos y costos de la restricción de la actividad (sin ningún beneficio demostrable).

  • En el segundo artículo, McCall y col.
  • 9 =resumieron los datos de varias revisiones sistemáticas sobre el uso del reposo en cama para el tratamiento de diversas complicaciones del embarazo.
  • Hacen hincapié en que no encontraron pruebas suficientes para apoyar el uso del reposo en cama para el tratamiento de las complicaciones del embarazo, pero varios estudios documentan los daños físicos, psicológicos y financieros con su uso.

Con base en la falta de beneficio y el daño demostrado, los autores sostienen que no es ético seguir indicando reposo en cama debido a que viola los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. A pesar de que de la autonomía de la paciente podría ser respetada a través de una discusión del consentimiento informado en la práctica clínica, la evidencia actual no proporciona un medio para que se adhieran a los demás principios éticos.

  1. Ante esto, los autores sostienen que el reposo en cama se debe limitar a los ensayos clínicos y por lo tanto sujetas a la misma supervisión y regulación como cualquier otro no probado médico o quirúrgico treatment.
  2. Although Hipócrates enseñó el valor de resto en el tratamiento de la enfermedad, también se adoctrina a su alumnos a “Primero, no hacer daño.” Como obstetras, necesitamos evaluar nuestra adhesión a esta doctrina.

Como se ha destacado por los dos artículos de este número, no puede ser la realización como pretendemos. Hasta que los datos de los estudios impulsados apropiadamente bien diseñados, demuestran resultados favorables con la restricción de la actividad, los médicos deben considerar si la relación riesgo-beneficio justifica recetarlo.

  1. La frecuencia con que restricción de la actividad, en cualquier forma, se recomienda durante el embarazo debe ofrecer amplias pacientes para los ensayos clínicos.
  2. Por otra parte, la tecnología moderna, con el uso de los acelerómetros para registrar toda la actividad del paciente y permitir la evaluación de la conformidad del paciente, se puede extraer una mayor debilidad de los estudios anteriores.

Teniendo en cuenta los posibles efectos físicos, psicológicos posibles efectos físicos, psicológicos y financieros de la recomendación permanente de reposo en cama, necesitamos ensayos clínicos metodológicamente sólidos para poner las cuestiones relacionadas con restricción de la actividad y el reposo en cama a la cama una vez por todas.

REFERENCIAS 1. Hilton J. On the influence of mechanical and physiological rest in the treatment of accidents and surgical diseases, and the diagnostic value of pain. London (UK): Bell and Daldy; 1863.2. Sprague AE. The evolution of bed rest as a clinical intervention. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2004;33:542–9.3.

Goldenberg RL, Cliver SP, Bronstein J, Cutter GR, Andrews WW, Mennemeyer ST. Bed rest in pregnancy. Obstet Gynecol 1994;84:131–6.4. Maloni JA. Antepartum bed rest for pregnancy complications: efficacy and safety for preventing preterm birth. Biol Res Nurs 2010;12:106–24.5.

Sciscione AC. Maternal activity restriction and the prevention of preterm birth. Am J Obstet Gynecol 2010;202:232 e1–5.6. Maloni JA, Cohen AW, Kane JH. Prescription of activity restriction to treat high-risk pregnancies. J Womens Health 1998;7:351–8.7. Fox NS, Gelber SE, Kalish RB, Chasen ST. The recommendation for bed rest in the setting of arrested preterm labor and premature rupture of membranes.

Am J Obstet Gynecol 2009;200:165.e1–6.8. Grobman WA, Gilbert SA, Iams JD, Spong CY, Saade G, Mercer BM, et al. Activity restriction among women with a short cervix. Obstet Gynecol 2013;121:1181–86.9. McCall CA, Grimes DA, Lyerly AD. “Therapeutic” bed rest in pregnancy: unethical and unsupported by data.

¿Cómo se defiende el derecho a la vida?

CAPITULO VII DERECHO A LA VIDA El derecho a la vida, que protege y defiende la existencia del ser humano, es sin duda, base y sustento de los dems derechos. De all que la mayor incidencia en la violacin de este derecho, donde quiera que tenga lugar, es un indicativo de la verdadera gravedad de la situacin de los derechos humanos en un pas.

  1. El derecho ms lesionado por la situacin de violencia que afecta a la Repblica de Colombia, como lo demuestran las cifras contenidas en el presente informe, es precisamente el derecho a la vida.
  2. Para ilustrar comparativamente la gravedad de este problema, la mayor parte de los organismos nacionales e internacionales que estudian la situacin colombiana de los derechos humanos han destacado en sus informes, como ejemplo, que en el ao 1989 la violencia poltica lleg a tal extremo que en ese slo ao, cobr igual nmero de muertes de las que ocurrieron durante los 16 aos de la dictadura militar en Chile, que de acuerdo con datos de la Vicara de la Solidaridad de ese pas, fue de 929 desaparecidos y 2,059 asesinados.

El ejemplo citado es, en efecto, dramticamente ilustrativo, pero la situacin en Colombia es an peor. En el ao anterior, 1988, se registraron 4,204 muertes por razones presuntamente polticas, es decir, mil muertos ms y en el ao 1991 siguiente, ocurrieron por la misma razn 3,742; la situacin no parece mejorar ya que, en el primer semestre de 1992, el nmero registrado de enero a junio es de 1,870, manteniendo el porcentaje de violaciones a este derecho en niveles de atrocidad inaceptables y, adems, revela un hecho verdaderamente penoso: cun trado a menos, desprotegido y amenazado se encuentra el derecho a la vida en Colombia.

Convencin Americana sobre Derechos Humanos Artculo 4. Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, Este derecho estar protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepcin. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.2. En los pases que no han abolido la pena de muerte, sta slo podr imponerse por los delitos ms graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisin del delito. Tampoco se extender su aplicacin a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.3. No se restablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido.4. En ningn caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos polticos ni comunes conexos con los polticos.5. No se impondr la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisin del delito, tuvieren menos de dieciocho aos de edad o ms de setenta, ni se le aplicar a las mujeres en estado de gravidez.6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnista, el indulto o la conmutacin de la pena, los cuales podrn ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud est pendiente de decisin ante autoridad competente. * (los subrayados slo son ilustrativos) Constitucin Poltica de Colombia Prembulo : El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la proteccin de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nacin y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurdico, democrtico y participativo que garantice un orden poltico, econmico y social justo. Artculo 2, Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucin; facilitar la participacin de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econmica, poltica, administrativa y cultural de la nacin; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacfica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la repblica estn instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y dems derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Artculo 11, El derecho a la vida es inviolable. No habr pena de muerte, Artculo 44, Son derechos fundamentales de los nios: la vida, la integridad fsica, la salud y la seguridad social, la alimentacin equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educacin y la cultura, la recreacin y la libre expresin de su opinin. Sern protegidos contra toda forma de abandono, violencia fsica o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotacin laboral o econmica y trabajos riesgosos. Gozarn tambin de los dems derechos consagrados en la Constitucin, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. (1er prrafo)

B. FORMAS COMO SE VE AFECTADO ESTE DERECHO Un testimonio de la manera como en la actualidad el pueblo de Colombia ve afectada la situacin del derecho a la vida en su pas, fue proporcionada a la Comisin Especial de la CIDH por los miembros del Comit Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, durante su visita a Colombia del mes de mayo de 1992.

De acuerdo con dicho testimonio: No hay da alguno durante el cual el derecho a la vida no sea violado. Campesinos, obreros, estudiantes, trabajadores, jueces, periodistas, funcionarios, padres de familia, jvenes, ancianos, soldados, policas, profesionales, religiosos, comunistas, indigentes, delincuentes, liberales, conservadores y gentes sin partido.

Nadie se salva de caer bajo las balas asesinas. A cualquier hora y en cualquier lugar se cometen masacres indiscriminadas, se presentan capturas ilegales contra hombres y mujeres sacados de sus residencias y que ms tarde sern encontrados muertos en cualquier paraje de nuestra ciudad.

Ahora se viene imponiendo nuevamente una prctica criminal y salvaje, el de convertir en N.N. a los cadveres de los asesinados mediante la destruccin de los cuerpos de las vctimas sometidos a torturas, amputaciones, incineracin de la piel y toda clase de atropellos inimaginables por cualquier mente sana.C.

DENUNCIAS RELATIVAS A ESTE DERECHO Para mejor tratar el problema del derecho a la vida, el presente captulo ha sido dividido en 4 secciones: a) ejecuciones arbitrarias extrajudiciales y/o asesinatos selectivos; b) los asesinatos colectivos y/o masacres; c) actos de genocidio, y d) desaparaciones forzadas de personas.

Las denuncias recibidas por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos por violaciones al derecho a la vida, presuntamente ejecutadas en forma directa, indirecta o con la colaboracin de agentes del Gobierno de Colombia, o en los que de alguna manera le corresponde responsabilidad, que se han considerado o tramitado, de conformidad con las normas de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, su Estatuto y su Reglamento, son las siguientes: a.

Ejecuciones arbitrarias extrajudiciales y/o asesinatos selectivos Caso 10454: Martn Caldern Jurado Con fecha 11 de agosto de 1989 la Comisin Interamericana de Derechos Humanos recibi la siguiente denuncia: El 8 de octubre de 1988, el seor Martn Caldern Jurado, Presidente de la Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos de Garca Rovira, Asesor Jurdico del Comit de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de la misma localidad y Presidente del Concejo Municipal de Cerrito, se movilizaba por la carretera que de Cerrito conduce a Chitag cuando, en el sitio de donde parte la ramal que lleva a Ccota (Norte de Santander), fue interceptado por un grupo paramilitar que lo asesin propinndole 50 tiros.

Tambin fue asesinado Primitivo Silva, conductor del vehculo en el que se desplazaba. Martn Caldern Jurado era de filiacin poltica liberal. Los seores Martn Caldern Jurado y su primo Valentn Bastos Caldern, haban denunciado previamente amenazas contra sus vidas en un foro de derechos humanos celebrado en Mlaga los das 6 y 7 de agosto de 1987, sindicando como autores de dichas amenazas, con nombres propios, a personas vinculadas a la polica y al Ejrcito.

Existe una grabacin sobre tales denuncias. Con posterioridad, se produjo el asesinato de Valentn Bastos Caldern. Con tal motivo, Martn Caldern Jurado particip activamente en la investigacin que la Procuradura General de la Nacin adelant por el asesinato de su primo Valentn Bastos Caldern y por tal razn, haba sido nuevamente amenazado de muerte.

Corroborando la denuncia, se present el testimonio incriminatorio dirigido al Procurador General de la Nacin por don Jairo Alberto Carvajal Tarazona, Personero Municipal de “El Cerrito”, en el que se daba fe de lo siguiente: El Teniente Coronel Plinio Rodrguez Villamil se encontraba en la jurisdiccin del Municipio de Cerrito el da del asesinato en un Toyota gris, dos puertas, dotado o que tiene instalado un telfono de microondas, mediante el cual llam al Batalln de la ciudad de Pamplona al Sargento Segundo Jimnez Ruiz Csar Augusto, y le dio la orden para que junto con el Sargento Segundo Puentes Ramrez David, de la seccin segunda del Batalln Garca Rovira, tomaran dos sub‑ametralladoras marca Madsen calibre nueve milmetros, con sus respectivos proveedores y utilizaran una camioneta Toyota cuatro puertas, color negro, de placas nmero XAS‑910 Venezolana; propiedad Empresa INCAL, conducida por Pedro Rueda, alias Zapatoca, y se dirigieran por la carretera que conduce a Chitag y a la altura de la jurisdiccin del Municipio de Ccota interceptaran el camin del seor Martn Caldern Jurado, para que lo asesinaran junto con quien lo acompaaba.

Fue as como se segaron las vidas de los seores Martn Caldern Jurado y Primitivo Silva. Estos datos los pude averiguar, debido a hechos anormales que ocurrieron el da que iba a ser trado el cadver de los mencionados y el da de su entierro, como fueron la reunin realizada en el parque principal del Cerrito por el Teniente Coronel Plinio Rodrguez Villamil, ms o menos a las siete de la noche y en la cual manifest que iba a bombardear los sitios de Tabeta y Mortio (puntos de este municipio).

Esa misma noche fueron conducidos a la crcel de la Polica Nacional unas diez personas, entre las cuales me encontraba; me identifiqu, pero no admitieron nada y esa noche la pasamos en el calabozo. El da siguiente, despus del entierro de los asesinados, el mismo Coronel se ubic en el parque principal de la localidad y sin ninguna justificacin mandaba a conducir para el Puesto de Polica a la gente que segn l crea eran sospechosas.

Fue as como tambin me enter que varias personas que iban a traer el cadver del seor Martn Caldern Jurado, fueron ultrajadas por el mismo Teniente Coronel y a la altura del Puno Romeritos (Pramo del Almorzadero), hicieron caminar descalzas a cinco personas por espacio de unos cuarenta minutos.

  • Das despus viaj a la ciudad de Pamplona y estando en el sitio llamado El Camelln, se encontraba all al Sargento Segundo Puente Ramrez David, quien hizo alusin a los hechos que haba cometido y en su estado de embriaguez obtuve la informacin que suministro.
  • La Comisin consider que en el presente caso resultaba a todas luces evidente que los peticionarios no haban podido lograr una proteccin efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales internos los que, pese a las evidencias puestas a su disposicin, descartndolas, omitan formular cargos contra los miembros del personal militar nominados directamente como responsables; que se haba operado un retardo injustificado en la investigacin interna de este proceso, y que el hecho de que las diligencias reposen en el Cuerpo Tcnico de la Polica Judicial desde noviembre de 1989 forzaba a concluir que la investigacin, de conformidad con lo dispuesto por los artculos 347, 347 bis y 348 del Cdigo de Procedimientos Penales de Colombia, haba sido suspendida por la polica judicial.

Adems de estas consideraciones, la Comisin tom asimismo en cuenta que las investigaciones efectuadas por las autoridades del Gobierno de Colombia a travs de la Procuradura General de la Nacin, la Procuradura Delegada para las Fuerzas Militares y el Procurador Regional de Bucaramanga concurran, sobre la base de las evidencias puestas a su disposicin, en sindicar a los miembros activos del Ejrcito adscrito al batalln “Garca Rovira” como responsables de los hechos y que, en el desarrollo del caso haba quedado acreditado, y por su parte el Gobierno de Colombia no lo ha negado, la participacin de agentes de la fuerza armada colombiana en el asesinato de Martn Caldern Jurado y Primitivo Silva, conductor del vehculo en el que se desplazaban.

Reunida en su 81 o Perodo de Sesiones, en uso de las facultades de que est investida, con fecha 26 de septiembre de 1991, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos concluy: Que el Gobierno de Colombia ha dejado de cumplir con su obligacin de respetar y garantizar los artculos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal) y 25 (sobre proteccin judicial), en conexin con el artculo 1.1, consagrados en la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado parte, respecto del asesinato del seor Martn Caldern Jurado y de don Primitivo Silva, persona que conduca el vehculo en que se movilizaban.

Recomendar al Estado de Colombia pagar indemnizacin compensatoria a los familiares de las vctimas; disponer se completen las investigaciones en relacin con el asesinato del seor Martn Caldern Jurado y del conductor del vehculo don Primitivo Silva y se sancione a los culpables de tan excecrable hecho; solicitar al Gobierno de Colombia que garantice la seguridad y otorgue la proteccin necesaria al seor Jairo Alberto Carvajal Tarazona, Personero Municipal de “El Cerrito” y dems testigos de los hechos que han prestado su colaboracin para el esclarecimiento de los hechos; incluir este Informe en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organizacin de los Estados Americanos, en caso de no recibirse la respuesta dentro del plazo de 90 das a partir de este informe.

  1. El Gobierno de Colombia solicit reconsideracin de tal informe y en su sesin 1160 de septiembre 25 de 1992 la Comisin Interamericana de Derechos Humanos resolvi ratificarlo y publicarlo en su Informe Anual.
  2. Caso 10456: Irma Vera Pea Con fecha 11 de agosto de 1989, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos recibi la siguiente denuncia: El da 5 de febrero de 1987, en la vereda Piedra Azul del Municipio de Concepcin fueron detenidos 18 campesinos por miembros del Batalln Garca Rovira y sometidos a vejmenes y malos tratos.

A uno de ellos, de nombre Delfn Torres, se le impidi por parte de los militares acercarse a su casa, distante unos metros del sitio donde se encontraban retenidos, y solamente al da siguiente (6 de febrero) se le permiti dirigirse a la misma. All constat Delfn que el Ejrcito se encontraba an por los alrededores y que haban sido asesinadas 4 personas, entre ellas su esposa, Irma Vera Pea, de apenas 17 aos de edad y quien se encontraba embarazada.

  • Los cadveres de estas personas estaban desnudos en la carretera.
  • Al comprobar este hecho los campesinos se reunieron para exigir al Ejrcito la entrega del cadver de Irma y ante tal peticin los militares se negaron arguyendo que se trataba de “una guerrillera”.
  • A la postre se obtuvo la entrega del cuerpo y los campesinos fueron obligados por el Ejrcito a abrir una fosa para inhumar a las otras tres personas asesinadas.

Dos meses despus de estos hechos, Delfn Torres fue detenido por el Ejrcito en la misma regin y golpeado hasta quedar gravemente herido. Esta denuncia fue transmitida al Gobierno de Colombia con fecha 20 de septiembre de 1989, el cual informado de los hechos hizo saber que los mismos haban sido puestos en conocimiento de las autoridades nacionales competentes y que, oportunamente, se informara a la Comisin sobre el estado de tales investigaciones.

  • A esta nota continuaron otras ms de intercambio de solicitud y suministro de informacin.
  • Durante el trmite del caso el peticionario inform a la Comisin que el seor Delfn Torres Castro, marido de Irma, denunciante y testigo en el presente caso, haba sido asesinado el 9 de junio de 1992 por miembros del Batalln Garca Rovira, segn testimonios de campesinos de la regin que presenciaron el hecho.

Vistos los antecedentes mencionados, la Comisin consider que en el presente caso resultaba a todas luces evidente que los peticionarios no haban podido lograr una proteccin efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales internos, los que pese a las evidencias incontrovertibles puestas a disposicin, haban exonerado a los miembros del personal militar responsables; que los recursos de la jurisdiccin interna haban sido agotados y que, en todo caso agotados o no, stos no podan ser alegados en su favor por el Gobierno de Colombia para suspender la tramitacin que vena siguindose de este caso ante esta Comisin, en consideracin al retardo que haba sufrido la investigacin interna de este proceso; que las investigaciones efectuadas por las autoridades del Gobierno de Colombia a travs de la Seccional de Instruccin Criminal de Norte de Santander, Juzgado 25 de Instruccin Penal Militar, Procuradura del Departamento de Norte de Santander, Procuradura Delegada para los Derechos Humanos, Procuradura Delegada para el Ministerio Pblico, Procuradura General de la Nacin, deberan haber reunido informacin probatoria, consignada dentro del presente informe, suficiente para sindicar e inculpar a los miembros activos del Ejrcito colombiano, pertenecientes al Batalln “Garca Rovira” como responsables de los hechos si no se hubiese cometido el gravsimo desacierto, que no puede tratar de explicarse ni justificarse, de haber efectuado y basado la investigacin en un aberrante proceso de juzgamiento en que acta como juez militar el propio autor intelectual y material de los hechos cuestionados; que favorecer la impunidad de los autores de un acto punible constitua tambin un hecho grave violatorio de las normas bsicas de derechos humanos y de los principios de justicia contemplados en el orden jurdico interno y tambin en el internacional.

Por estas consideraciones, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Concluy lo siguiente: que el Gobierno de Colombia ha dejado de cumplir con su obligacin de respetar y garantizar los artculos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantas judiciales) y 25 (sobre proteccin judicial), en conexin con el artculo 1.1, consagrados en la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado parte, respecto de la detencin ilegal y posterior homicidio de la menor Irma Vera Pea.

Recomendar al Estado de Colombia pagar indemnizacin compensatoria a los familiares de las vctimas; que se contine y complementen las investigaciones sobre los hechos denunciados hasta sancionar penalmente a los culpables por la ejecucin extrajudicial de Irma Vera Pea, evitndose de esta manera la consumacin de hechos de grave impunidad que lesionan las bases mismas del orden jurdico; que garantice la seguridad y otorgue la proteccin necesaria al seor Crisanto Pea y dems testigos de los hechos que han prestado su colaboracin para el esclarecimiento de los hechos.

  • Pese a lo abrumador de las masacres y actos de genocidio colectivos de los que se trata a continuacin, los asesinatos selectivos constituyen, en proporcin, la forma ms frecuente como se viola el derecho a la vida en Colombia y la que ha dado lugar al mayor nmero de vctimas en dicho pas.
  • Dentro de esta categora, aunque no se consigne detalle en este informe, no pueden dejar de mencionarse los mltiples casos de asesinatos cometidos como represalia por los movimientos guerrilleros en contra de la poblacin civil considerada simpatizante, leal, colaboradora o informante del Ejrcito; por la fuerza armada contra la misma poblacin por iguales sospechas de vinculacin con la guerrilla; y los mltiples casos de persecucin y asesinato de lderes sindicales, universitarios, religiosos, magisteriales, etc., adems de los que ocasionan los actos de venganza personal entre grupos de pandilleros y sicarios e, inclusive, por lo que se conoce como cultura de la violencia, por personas individuales para cobrar por mano propia ofensas y agresiones.b.
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Asesinatos colectivos y masacres Fincas Honduras y La Negra : El 4 de marzo de 1988, aproximadamente a la una de la maana, llegaron a la finca Honduras ubicada en el corregimiento de Currulao, jurisdiccin del municipio de Turbo, Departamento de Antioquia, en la zona del Golfo de Urab de Colombia, 20 hombres armados vestidos de civil, quienes golpearon violentamente la puerta del dormitorio donde dorman con sus familias los trabajadores de la finca Honduras y, llamndolos a cada uno por su nombre, los obligaron a salir forzndolos a tenderse en el piso.

A las mujeres, nios y dems trabajadores no seleccionados, se les oblig a permanecer en sus dormitorios y apagar las luces. Hallndose en completo estado de indefensin, los agresores accionaron sus armas de largo y corto alcance en contra de los trabajadores, asesinando a los 17 obreros que haban escogido.

Cometido el crimen, los individuos se dirigieron a la finca La Negra, cercana a la Honduras, y all asesinaron a otros tres trabajadores. Los trabajadores de la finca Honduras asesinados, todos miembros activos del Sindicato de Trabajadores Agrarios de Antioquia, SINTAGRO, eran: 1.

PEDRO MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ: de 20 aos de edad; 2. JOSE BIENVENIDO GONZALEZ MARTINEZ: de 20 aos de edad; 3. JOSE MESA SANCHEZ: casado; 4. JOSE JOAQUIN MENDOZA: de 30 aos de edad; 5. IVAN DARIO MOLINA: de 30 aos de edad; 6. RODRIGO GUZMAN ESPITIA: de 35 aos de edad; 7. MANUEL ESPITIA COGOLLO: de 44 aos de edad; 8.

ENRIQUE GUIZAO GIRALDO: de 47 aos de edad; 9. RITO MARTINEZ REYES: de 28 aos de edad; 10. SANTIAGO ORTIZ CAUDO: de 40 aos de edad; 11. NESTOR MARIO GALVEZ: de 45 aos de edad; 12. JOSE INDOVEL PINEDA: de 29 aos de edad; 13. NATANIEL ROJAS RESTREPO: de 48 aos de edad; 14.

OMAR OCHOA; 15. GUILLERMO LEON VALENCIA; 16. MANUEL DURANGO, y 17. JOSE FRANCISCO BLANCO. Los trabajadores asesinados en la finca La Negra eran: 1.JULIAN CARRILLO; 2.ALIRIO ROJAS, y 3.ADEL MENESES PINEDA. Total: 20 trabajadores asesinados. Ocho das antes de los hechos, el 24 de febrero de 1988, una patrulla del Batalln Voltjeros del Ejrcito al mando del teniente del B-2 de Inteligencia Militar, PEDRO VICENTE BERMUDEZ LOZANO, acompaada por personas vestidas de civil, efectuaron registros en las fincas Honduras, La Toyosa y La Agripina.

Durante esos operativos amenazaron de muerte a los trabajadores para que no votaran en los comicios que deban realizarse el 13 de marzo siguiente y les dieron 14 das para desocupar la zona. Adems, capturaron a PASCUAL FUENTES RAMOS, JOSE ALBERTO GARCIA FERNANDEZ, JESUS PALACIOS ASPRILLA y OLGA LUCIA RESTREPO, de 16 aos de edad, quienes fueron trasladados al cuartel en donde bajo presin y amenazas se les interrog logrando que la menor Olga Luca y luego tambin los otros dos detenidos, declarasen que varios trabajadores de las fincas Honduras y La Negra pertenecan al movimiento guerrillero Ejrcito Popular de Liberacin (EPL), e inclusive, que Olga Luca, al ser llevada a las fincas indicadas, sealara el lugar donde vivan los trabajadores, presuntos miembros del movimiento guerrillero EPL.

En el cuartel los detenidos se encontraron con dos individuos conocidos a quienes identificaron como “Lenn” y “Zacaras”, antiguos integrantes del EPL, comprobando que trabajaban como informantes del Ejrcito. Tales personas participaron en sus interrogatorios y les ofrecieron dinero para que trabajaran con el Ejrcito y entregaran a sus compaeros.

Los detenidos recuerdan que en cierto momento del interrogatorio “Lenn” le dijo a un cabo del B-2 que las fincas Honduras, La Negra, La Toyosa y Oro Verde eran nidos de guerrilleros, a lo que dicho suboficial le respondi que estuviera tranquilo, que pronto los visitaran.

Dos das antes de la masacre, el 2 de marzo, las tropas del Batalln Voltjeros al mando del capitn Luis Felipe Becerra se presentaron a la finca La Zumbadora, cercana a la de Honduras y La Negra, en compaa de un sujeto enmascarado, quien seal a algunos trabajadores. All fueron detenidos seis trabajadores a quienes el Ejrcito golpe en presencia de sus compaeros.

El capitn les dijo que no los matara personalmente, pero que tena quien lo hiciera, amenazndolos de nuevo para que no participaran en las elecciones votando en favor de la Unin Patritica. El DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, el 16 de abril de 1987, elabor un informe en el que llegaba a la conclusin de que en las masacres de Honduras y La Negra, el Ejrcito de Colombia haba empleado a exguerrilleros desertores del EPL como guas, integrndolos a sus patrullas, para la ubicacin, identificacin y eliminacin de los presuntos subversivos y tambin, con el mismo propsito, a sicarios (paramilitares) financiados por ACDEGAM, o Asociacin de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio.

Corrobora esta conclusin a travs del examen de quienes participaron en los hechos y de los testigos de los mismos. La investigacin judicial estuvo a cargo de la Juez Segunda de Orden Pblico doctora Martha Luca Gonzlez, quien al emitir sentencia, declar la responsabilidad de los miembros del Ejrcito implicados por su participacin como colaboradores para el genocidio investigado, conocieron a los sicarios que llegaron desde el Magdalena Medio hasta el Urab para matar a la gente de dichas fincas sindicados de militar en la extrema izquierda, salieron con esos delincuentes en el operativo el da 24 de febrero cuando capturaron a PASCUAL FUENTES y OLGA LUCIA RESTREPO, les permitieron la entrada al Batalln, les permitieron portar armas de largo y corto alcance de las reservadas para las Fuerzas Armadas y por haber aceptado, facilitado, auxiliado y permitido el genocidio del 4 de marzo de 1988, hacindose COMPLICES del mismo, por haber contribudo efectivamente a su realizacin, ya que resultaba evidente que para la comisin del mltiple homicidio de las fincas Honduras y La Negra, dichos sujetos contaron con la complicidad del Ejrcito, lo que uno de los sicarios, EULISES BARRERO, corrobor al Juzgado, agregando que, en ocasiones, miembros del Ejrcito colaboran con la organizacin prestndole apoyo, coordinando con la misma sus acciones y permitindoles los deplazamientos, an armados.

Asimismo, el juzgado vincul y responsabiliz a prominentes lderes del paramilitarismo del Magadalena Medio, entre ellos GONZALO PEREZ, HENRY PEREZ, MARCELO PEREZ, FIDEL CASTAO, CESAR CURE, ALAN ROJAS, HERNAN GIRALDO, estableciendo que a quienes correspondi responsabilidad para el caso de la masacre de las fincas Honduras y La Negra, es a GONZALO PEREZ, HENRY PEREZ y MARCELO PEREZ, quienes fueron los que contrataron a los 8 “mayordomos” con familia por desplazarse a URABA en compaa de otros 30 hombres ms, algunos de los cuales, despus de perpetrados los asesinatos en esa regin, se dirigieron a Montera, Crdoba, en donde fueron recibidos por FIDEL CASTAO en su finca JARAGUAY.

Luego de pronunciar sentencia, la Dra. Martha Luca Gonzles tuvo que abandonar el pas por las constantes amenazas de muerte de las que vena siendo vctima si continuaba esta investigacin. El 4 de mayo de 1989, pese al retiro de la juez y como represalia contra ella, fue asesinado su padre el abogado Alvaro Gonzlez,

Para reemplazar a la doctora Gonzlez, la Direccin de Instruccin Criminal remiti el expediente a la ciudad de Medelln en donde le correspondi la investigacin a la doctora Mara Elena Daz, Tercera Juez de Orden Pblico, quien asumi la investigacin por la masacre y continu la prctica de las pruebas y el 17 de junio de 1989, confirm el auto de detencin contra el teniente Bermdez y el 22 del mismo mes, las detenciones contra el mayor Becerra y el cabo Ochoa.

  1. Casi inmediatamente despus de haberse hecho cargo del caso la Juez doctora Mara Elena Daz, fue amenazada de muerte y finalmente el 26 de julio de 1989, fue asesinada,
  2. La Procuradura General de la Nacin, al investigar la responsabilidad de los miembros del Ejrcito de Colombia capitn ( ascendido a teniente Coronel) Luis Felipe Becerra Bohrquez ; el teniente a capitn ( ascendido ) Pedro Vicente Bermdez Lozano y el cabo (ascendido a sargento segundo) Felipe Ochoa Ruiz, lleg a la conclusin: 1ro.

Que en su condicin de Oficial del Ejrcito Nacional adscrito a la 10ma. Brigada donde se desempeaba como Comandante, efectu el operativo en las fincas La Toyosa y Honduras, ubicadas en el municipio de Turbo (Antioquia) el da 24 de febrero de 1988, sitios a donde concurri acompaado de varios sicarios fuertemente armados, individuos que el 4 de marzo del mismo ao en horas de la noche dieron muerte a 20 campesinos que prestaban servicios en las fincas Honduras y La Negra; 2do.

  1. Que en la misma fecha 24 de febrero de 1988 dio trato impropio y soez al personal que laboraba y habitaba los inmuebles determinados fincas La Toyosa y Honduras; 3ro.
  2. Que amenaz de muerte a los obreros del predio rural la Sumadera el da 2 de marzo de 1988, anuncindoles que si no se iban de la regin en el trmino de 14 das seran asesinados; 4to.

Que como Comandante del Batalln Voltjeros, permiti que a Olga Luca Restrepo, quien se hallaba detenida desde el 24 de febrero de 1988, se le movilizara irregularmente por diferentes lugares de la regin para obligarla a sealar a personas simpatizantes o militantes de grupos subversivos, particularmente en la finca Honduras.

  1. Ponderados los descargos de los inculpados y las pruebas existentes en su contra, el Procurador Delegado RESOLVI: 1ro.
  2. Sancionar al capitn del Ejrcito nacional, hoy teniente coronel Luis Felipe BECERRA, con DESTITUCION DEL CARGO que desempeaba (separacin absoluta de las fuerzas militares) como responsable de los cargos formulados en su contra, sin perjuicio de la accin penal a que hubiere lugar; 2do.

Sancionar al teniente del Ejrcito nacional, hoy capitn Pedro Vicente BERMUDEZ, con DESTITUCION DEL CARGO que desempeaba (separacin absoluta de las fuerzas militares) como responsable de los cargos formulados en su contra, sin perjuicio de la accin penal a que hubiere lugar; 3ro.

Sancionar al cabo primero del Ejrcito nacional, hoy sargento segundo Flix Antonio OCHOA RUIZ, con DESTITUCION DEL CARGO que desempeaba el citado suboficial (separacin absoluta de las fuerzas militares) como responsable de los cargos formulados en su contra, sin perjuicio de la accin penal a que hubiere lugar.

Esta RESOLUCION fue recurrida por los militares involucrados, dando lugar a una nueva decisin de la Procuradura Delegada de febrero de 1993, RECHAZANDO las pretensiones de los reclamantes, confirmando la resolucin apelada. El 20 de abril de 1993, el nuevo Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, mediante resolucin Nro.221 de la indicada fecha, revoc la decisin Nro.255 de 19 de agosto de 1992, confirmada por Resolucin 093 de 8 de febrero de 1993, mediante la cual se ordenaba la destitucin de los militares encontrados responsables, dejndolos libres de todo tipo de sancin bajo el supuesto de que las pruebas aportadas en los distintos procesos eran inconsistentes, declarando, adems, la prescripcin definitiva de la accin disciplinaria.

Hasta el momento las investigaciones no han establecido responsabilidad de los oficiales sindicados, stos no han sido sancionados sino que ms bien fueron ascendidos y no se ha abonado indemnizacin alguna a los familiares de las vctimas. Caso 10738: Holocausto del Palacio de Justicia (94 muertos) Con fecha 3 de diciembre de 1990, la Comisin Especial Preparatoria de la CIDH recibi en la ciudad de Bogot, durante una audiencia especial con los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, una denuncia del abogado Enrique Rodrguez Hernndez, Presidente de dicha asociacin, referente a los siguientes hechos: Antecedentes: El 16 de octubre de 1985, el Ministro de Defensa reporta: “.

el Comando General de las Fuerzas Militares recibi por carta un annimo que deca; ‘EL M-19 PLANEA TOMARSE EL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE, CUANDO LOS MAGISTRADOS ESTEN REUNIDOS, TOMANDOLOS COMO REHENES AL ESTILO EMBAJADA DE SANTO DOMINGO; HARAN FUERTES EXIGENCIAS AL GOBIERNO SOBRE DIFERENTES ASPECTOS, ENTRE ELLOS EL TRATADO DE EXTRADICION”; el 16 de octubre de 1985 “.se dispuso poner en ejecucin inmediata un refuerzo especial al Palacio de Justicia, consistente en un 1-1-20′” (1 es un oficial, 1 es un suboficial, 20 agentes armados de Galil), de las 06 a las 20 horas los das laborales; el 18 de octubre de 1985, cuatro diarios de Bogot -“El Siglo”, “Diario 5 P.M.”, “El Tiempo” y “El Bogotano”- resean el hecho; el 21 de octubre de 1985, “de conformidad con la orden inicial, el servicio de refuerzo de la Corte habra de terminar.

  1. El 21 (de octubre).
  2. Pero el Comando del Departamento de Polica Bogot, por previsin, dispuso verbalmente se continuara con ste hasta despus del 05-11-85.”; el 23 de octubre de 1985, “.
  3. El M-19 intent secuestrar o asesinar al Comandante del Ejrcito, seor General Samudio Molina.
  4. Ese mismo da 23 de octubre, mediante un casete enviado a una cadena radial, el seor “alias Oscar”,

manifest que LLEVARIAN A CABO (EL M-19) ALGO DE TANTA TRASCENDENCIA QUE EL MUNDO QUEDARIA SORPRENDIDO”; el 5 de noviembre de 1985 el Palacio de Justicia amanece sin vigilancia. Se transcribe una nota sin fecha, cuyo presunto autor -por jerarqua el Comandante de la Polica Bogot, General Vargas Villegas- dice: “.autoric para que se terminara el servicio de refuerzo.”; el 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 toman el Palacio de Justicia a las 11:40 a.m.

  1. Y entran sin problema en dos camiones cargados de armamento por la puerta del estacionamiento, que no tiene ni un polica.
  2. El mircoles 6 de noviembre de 1985, en forma sorpresiva y sangrienta, utilizando armas automticas de largo alcance, bombas, granadas, bazucas, rockets y explosivos de gran potencia, un comando terrorista del M-19 al mando del comandante guerrillero Luis Otero Cifuentes tom por asalto el local del Palacio de Justicia, ubicado en la zona cntrica de la capital colombiana en circunstancias en que un solitario agente de la Polica Nacional y celadores particulares inadecuadamente armados eran las nicas personas que se encontraban a cargo de la proteccin y seguridad de dicho edificio, cuya proteccin y vigilancia, a cargo de la Polica Nacional, haba sido inexplicablemente retirada 5 das antes de los hechos por orden del entonces comandante de la polica de Bogot, General Vargas Villegas.

Los hechos sucedieron cronolgicamente de la siguiente manera: A las 11.40 de la maana un camin carpado y una camioneta se estacionaron frente al parqueadero del Palacio de Justicia, sobre la Carrera 8 a y de ellos descendieron rpidamente cerca de 30 guerrilleros fuertemente armados que ingresaron y capturaron el local manteniendo en calidad de rehenes a los magistrados, empleados y pblico que no logr escapar en ese momento de confusin.

A las 12:00, agentes del F-2 intentaron penetrar al stano en medio de un fuerte intercambio de disparos que se prolong por varios minutos. A las 12:55 ingresaron a la plaza de Bolvar cuatro tanques y dos carros blindados de la Escuela de Caballera. Hacia la 1:05 un carro blindado logra penetrar la entrada del parqueadero, pero los soldados que lo acompaaban no lograron avanzar demasiado por la respuesta de los guerrilleros.

A las 2 de la tarde se escuchan cuatro explosiones fuertes en serie en el stano del Palacio, donde se concentra en esos momentos el tiroteo ms tenaz; minutos ms tarde, un tanque asciende por las escalinatas del frente del Palacio y comienza a derribar la puerta principal.

A las 2:23 llegan por el costado oriental del Palacio dos helicpteros de la Polica, de los cuales descienden sobre la azotea 16 agentes del GOES; se escucha otra explosin en el interior del Palacio, al parecer producida por impactos de rockets que los militares disparan para vencer la resistencia guerrillera en puntos claves; media hora despus se desata un voraz incendio en el ala oriental del edificio y diez minutos ms tarde tres mquinas del Cuerpo de Bomberos combate las llamas, todava en medio del fuego de las balas.

Segn la denuncia de los peticionarios, cuando la fuerza armada ingres y tom el local, fueron retenidos y desaparecidos ocho trabajadores y tres visitantes de la cafetera que all funcionaba, bajo la sospecha de haber colaborado con los guerrilleros en la toma del Palacio de Justicia y de tener preparado un aprovisionamiento de alimentos capaz de mantener por varios das el aislamiento a que seran sometidos.

Contrariando la versin de que sus familiares haban sido muertos en la operacin de recaptura del local, los peticionarios atestiguaban haberlos visto salir vivos a varios de ellos en un video que se propal por la televisin y que, segn aseguran, una de las copias estaba en poder de la Procuradura General.

La denuncia aclaraba que el caso deba de concretarse solamente a los 8 desaparecidos de la cafetera restaurante cuya relacin proporcionaron en el siguiente orden: Carlos Augusto Rodrguez Vera, administrador, Cristina del Pilar Guarn Corts, cajera, David Suspes Celis, Chef, Bernardo Beltrn Hernndez y Hctor Jaime Beltrn Fuentes, Meseros, Gloria Estela Lizarazo, Empleada de Autoservicio, y Luz Mara Portela Len y Ana Rosa Castiblanco Torres, auxiliares.

  • Como los peticionarios pidieron que no se mantuviese annima su condicin de denunciantes, el mismo texto, sin omitir referencias de los firmantes, fue entregado al Gobierno de Colombia.
  • Iniciado el trmite del caso con fecha 26 de diciembre de 1990, el Gobierno de Colombia solicit el 2 de abril de 1991 un plazo ampliatorio de hasta por 90 das para responder a la denuncia remitida por la Comisin, manifestando que el Gobierno de Colombia consideraba que las caractersticas de los acontecimientos denunciados y el volumen de los expedientes as lo ameritaban.

Concedido el plazo solicitado, con fecha 25 de julio de 1991 el Gobierno de Colombia dio respuesta a la Comisin, manifestando que: Colombia considera ofensivos para la dignidad nacional los trminos y el contenido de la denuncia presentada ante la Comisin.

  1. El Gobierno de la Repblica de Colombia reitera su rechazo a la denuncia materia de este pronunciamiento, considera improcedente analizar sus trminos y solicita respetuosamente que no sea admitida.
  2. En respuesta a lo manifestado por el Gobierno de Colombia, los peticionarios expresaron que lamentaban la falta de informacin del Gobierno de Colombia y que en la respuesta de dicho pas “por ninguna parte se mencionaba prueba alguna que demeritase el informe que se le transcribi”, acompaando asimismo, como anexo, el informe del Procurador General de la Repblica sobre el Holocausto del Palacio de Justicia de fecha 31 de mayo de 1986 mediante el cual, corroborando la denuncia de los peticionarios, haca recaer responsabilidad en los hechos, aparte de los miembros del comando del M-19 que asaltaron y por la fuerza secuestraron a los magistrados, empleados, abogados y pblico que se encontraba en el Palacio de Justicia, a los funcionarios pblicos del Estado que intervinieron en los mismos, y pidiendo sanciones para el entonces Presidente de la Repblica seor Belisario Betancur y para el Ministro de Defensa responsable de los hechos vinculados con la recuperacin por parte de la Fuerza Armada del Palacio de Justicia.

El Gobierno de Colombia, al ser notificado de las observaciones del reclamante, con fecha 15 de noviembre de 1991 reiter su pedido para que el caso ” fuera declarado improcedente por considerarlo inaceptable en su contenido y en sus trminos”. El citado caso fue llevado por los miembros de la Comisin Especial que viaj a Colombia en el mes de mayo de 1992 y fue tratado con funcionarios de la Cancillera, de la oficina de organismos internacionales, con el propsito de superar los problemas surgidos para su tramitacin y obtener la debida informacin del Gobierno de Colombia.

En esa oportunidad, la Comisin Especial aclar nuevamente lo que ya estaba expresado en la nota formal enviada por la Comisin, que al tramitar la denuncia no se solidarizaba ni haca suyas las expresiones del peticionario; que la nota enviada era una fotocopia de la que los peticionarios haban entregado a la Comisin Especial Preparatoria durante su entrevista en el Hotel Tequendama en diciembre de 1990 en la que, adems de solicitar que no se mantuviera en reserva su identidad, manifestaron que el texto de su denuncia ya era de conocimiento de las autoridades del Gobierno de Colombia, las que no le haban prestado debida atencin.

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Adems se aclar tambin que los peticionarios no se referan a hechos correspondientes a la administracin del Presidente Gaviria. La Comisin reitera una vez ms que los casos se tramitan sin hacer propios los trminos de las denuncias ni dar por ciertos los hechos que son materia de investigacin y que, adems, desaprueba todo tipo de expresiones de los peticionarios que puedan resultar de alguna manera ofensivos.

Sin embargo, no puede omitir mencionar en el presente informe los hechos denunciados por los peticionarios, que son de pleno conocimiento del Gobierno de Colombia, y lamentar, adems de la falta de respuesta, que el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia todava no haya sido esclarecido ni resuelto definitivamente.

Con posterioridad han surgido algunas situaciones nuevas, entre ellas el hecho de que un Juez de orden pblico, de los conocidos como “jueces sin rostro”, haya ordenado recientemente la reapertura del caso del Palacio de Justicia y dispuesto la detencin de los lderes del M-19, recientemente reinsertados a raz de los acuerdos de paz, sobre la base de que los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, por ser de extrema gravedad y de lesa humanidad, no pueden ser materia de una ley de amnista.

Esta situacin ha afectado inclusive a algunos lderes del M-19 que, incorporados a la vida democrtica, han venido colaborando activamente con el Gobierno del Presidente Gaviria. Asimismo, cabe mencionar la consulta formulada en mayo de 1992 por el propio Presidente Gaviria al Procurador General de la Nacin, Dr.

Carlos Arrieta, acerca de las implicaciones de dicha decisin judicial y de la actitud que debe ejercer el ministerio pblico en relacin con la prosecucin de este caso, pese a las amnistas decretadas en favor de todos los que intervinieron en el mismo.

Finalmente, en relacin con este mismo caso, cabe citar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo concertaron un acuerdo poltico con la finalidad de detener el citado proceso ordenado por el Juez de Orden Pblico, logrndose de esta forma que se expidiese una ley especial declarando que todos los hechos del Palacio de Justicia quedaban, sin excepcin, amnistiados y que pasaban a tener, por tal circunstancia, la calidad de hecho juzgado, razn por la cual quedaban sin efecto todas las investigaciones y sanciones que pudieran recaer sobre quienes participaron por parte del M-19 en la captura del Palacio de Justicia, y por parte de las Fuerzas Armadas en su recuperacin.

La Comisin no tiene conocimiento si, de acuerdo con los alcances de esta nueva ley, el Poder Judicial proceder tambin a archivar definitivamente el caso especfico de los desaparecidos del Palacio de Justicia a que se refiere el presente informe, pero considera conveniente aclarar, en relacin con el mismo, su coincidencia con el criterio del Juez de Orden Pblico en el sentido de que los delitos de extrema gravedad y de lesa humanidad no son materia de amnista poltica y que las desapariciones forzadas de personas se encuentran en la clasificacin de hechos no amnistiables y no prescriptibles.

INFORME OFICIAL DEL “DAS” SOBRE MASACRES Seguidamente, cabe citar el informe oficial proporcionado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a la Comisin Especial de Derechos Humanos que visit Colombia en la maana del 7 de mayo de 1992, con motivo de la audiencia que la Comisin Especial sostuvo con el seor Fernando Brito Ruiz, Director del DAS, y con su cuerpo directivo, informacin sta que resume apretadamente algunos de los ms graves hechos de violencia registrados en la Repblica de Colombia entre enero de 1990 al mes de febrero de 1992, incluyendo la fecha, lugar de los hechos, nmero de personas asesinadas, localidad donde tuvo lugar la matanza, y nombre de la entidad responsable de la matanza.

REGISTRADAS DURANTE 1990 12 ENE ANTIOQUIA Asesinato de siete personas en el corregimiento Riogrande, jurisdiccin de Santa Rosa de Osos. Autor: “MUERTE A REVOLUCIONARIOS DEL NORDESTE”.20 ENE ANTIOQUIA Asesinato de once personas, en hechos registrados en una finca ubicada en la vereda Calderas, jurisdiccin de Gmez Plata.

Autor: “La Ramada”.28 ENE CORDOBA Asesinato de seis campesinos en el casero Patio Bonito, situado entre los municipios de Chin y San Andrs de Sotavento. Autor: “ALFA 83”.02 FEB CUNDINAMARCA Asesinato de siete personas en el sitio Guayabetal, sector de Quebrada Blanca, en la va Bogot-Villavicencio. Autor: “AUTODEFENSA LOS GAITANES”.03 FEB SANTANDE Hallazgo de una fosa comn en el sitio Hoyo Mamayo, zona de San Vicente de Chucur, donde se encontraron restos de aproximadamente diez personas.

Autor: “MAS”.03 FEB ANTIOQUIA Asesinato de siete personas en la va Medelln-Envigado. Autor: “MAS”.12 FEB CHOCO Asesinato de seis personas en las riberas del ro Atrato, jurisdiccin de los municipios de Bellavista y Quibd. Autor: “LOS TANGUEROS”.17 FEB CUNDINAMARCA Asesinato de siete personas en una gallera ubicada en la finca Planadas, vereda Cubach, jurisdiccin del municipio de Yacop y heridas cuatro personas ms.

  • Autor: “LOS TISNADOS”.23 FEB SANTANDE Asesinato de cinco personas en aguas del ro Magdalena a la altura de Barrancabermeja (Santander), las cuales presentan seales de tortura.
  • Autor: “MAS”.24 FEB META Asesinato de seis personas en la vereda Cumaral, jurisdiccin del municipio de Medelln del Ariari.
  • Autor: “EJERCITO ROJO FASCISTA”.27 FEB CHOCO Asesinato de seis personas en la plaza principal del municipio de Ungua, militaban en la Unin Patritica.

Autor: “LOS TANGUEROS”.19 MA ANTIOQUIA Asesinato de cinco personas en el barrio Alfonso Lpez de Apartad e hirieron a cinco personas ms. Autor: “MUERTE A REVOLUCIONARIOS DEL NORDESTE”.06 MAY GUAVIARE Asesinato de trece personas en la Inspeccin El Capricho, jurisdiccin de San Jos del Guaviare.

  • Autor: “EJERCITO ROJO FASCISTA”.10 MAY BOYACA Asesinato de seis personas sin identificar en la va Muzo-Chiquinquir, quienes se desplazaban en un automotor.
  • Autor: “GRUJUSBOY”.09 MAY PUTUMAYO Asesinato de nueve personas en la vereda El Cairo, jurisdiccin del municipio La Hormiga.
  • Autor: “AUTODEFENSA DE CHANCHI”.23 JUN ANTIOQUIA Asesinato de diez y nueve personas en la tarberna “Oporto” de Envigado.

Autor: “BANDA SICARIOS SEGURIDAD Y CONTROL”.25 JUN CAUCA Asesinato de seis personas en el Corregimiento San Juanito, jurisdiccin de Mercaderes. Autor: “AUTODEFENSA MORALES Y CAJIBIO”.28 JUN PUTUMAYO Asesinato de cuatro indgenas en Churuyaco, corregimiento Brisas de Quebradn, jurisdiccin de Orito.

Autor: “AUTODEFENSA DE CHANCHI”.06 JUL PUTUMAYO Asesinato mltiple de nueve campesinos en la vereda El Cairo, inspeccin San Miguel, jurisdiccin de La Hormiga, quienes adems incendiaron las viviendas de las vctimas. Autor: “AUTODEFENSA DE CHANCHI”.11 JUL VALLE Asesinato de siete personas en el corregimiento La Tulia, jurisdiccin del municipio de Bolvar.

Autor: “BANDA DEL NORTE DEL VALLE”.13 OCT ANTIOQUIA Asesinato de siete personas en el barrio Castilla de Medelln, causando heridas a otras seis personas. Autor: “MAS”.18 OCT CAUCA Asesinato de cuatro personas sin identificar en el ingenio La Argentina, corregimiento Ortegal, jurisdiccin de Miranda.

Autor: “FRENTE AMISTAD JUVENIL”.25 OCT CORDOBA Asesinato de doce personas en Tierralta. Autor: “LOS TANGUEROS”.15 DIC ANTIOQUIA Asesinato de doce personas en el establecimiento pblico “Sturpu” de Itagu, que adems hirieron a otras seis. Autor: “MUERTE A REVOLUCIONARIOS DEL NORDESTE”.14 DIC ANTIOQUIA Asesinato de ocho personas en un establecimiento pblico del corregimiento San Antonio de Prado, jurisdiccin de Medelln.

Autor: “LOS MACHOS”.14 DIC VALLE Asesinato de cinco personas en el corregimiento La Primavera, jurisdiccin de Bolvar. Autor: “FRENTE AMISTAD JUVENIL”.15 DIC ANTIOQUIA Asesinato de siete personas en el corregimiento Puerto Blgica, municipio de Cceres. Autor: “MUERTE A REVOLUCIONARIOS DEL NORDESTE”.

¿Cuando el feto tiene derecho a la vida?

ARTICULO SEGUNDO: Toda persona en gestación tiene derecho a que se respete su vida y salud. Este derecho estará protegido por la ley a partir del momento de la concepción. Ninguna persona en gestación debe ser privada de su vida arbitrariamente.

¿Qué establece nuestra ley si no hay nacimiento con vida?

‘ARTÍCULO 21. – Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. ‘ Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.

¿Qué dice la Constitución de la vida?

1. La inviolabilidad de la vida. En consecuencia no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte, ni las torturas, ni ninguna otra pena o procedimiento vejatorio o que implique la pérdida o la disminución de la integridad física o de la salud del individuo.2.

¿QUÉ ES Artículo 11 derecho a la vida?

Artículo 11: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Durante los últimos 70 años, el mundo ha aceptado que los peores violadores de derechos humanos deben ser responsabilizados por sus crímenes.

No pueden evadir la justicia por haber sido gobernantes de algún país o líderes militares. Nadie debe estar por encima de la ley. Durante los últimos años, esto ha incluido al presidente y comandante militar de la República Serbobosnia (Repúblika Srpska), juzgado por crímenes cometidos durante la guerra bosnia a inicios de la década de 1990.

Radovan Karadžić fue hallado culpable del genocidio en Srebrenica, de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, mientras que su general de mayor rango, Ratko Mladić fue declarado culpable por el asedio a Sarajevo y la masacre de Srebrenica en la que unas 8,000 personas, principalmente hombres y niños, fueron asesinadas,

En total fue condenado por 10 delitos – uno por genocidio, cinco por crímenes contra la humanidad y cuatro por violar los usos y costumbres de la guerra. Del mismo modo, el antiguo primer ministro ruandés, Jean Kambanda, fue el único gobernante que se declaró culpable de genocidio – por su papel en la masacre de 800,000 personas en 1994.

El segundo párrafo del artículo 11 constituye una prohibición a las leyes retroactivas, ya incluida en muchas constituciones entre 1946 y1948, cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos estaba siendo redactada. El párrafo 2 dice “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional.

¿Qué es la protección de la vida?

El derecho a la vida, el derecho a no ser asesinado – El derecho a la vida significa, por tanto, el derecho a no ser matado. Constituye la prohibición formal de causar intencionadamente la muerte a una persona. Para los niños, este derecho implica no sólo que los países no apliquen la pena de muerte sobre aquellos que cometen delitos, sino que también protejan eficazmente su vida para luchar y condenar los actos infanticidas.

¿Qué tipo de proteccion constitucional tiene el no nacido?

Su protección constitucional consiste en señalar que en México el derecho a la vida no tiene limitaciones ni restricciones, es decir, ni mediante juicio se puede privar constitucionalmente de la vida a ningún individuo; sólo el individuo con vida puede de ser titular de los demás derechos.

¿Cuál es el primer derecho que tenemos antes de nacer?

A 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño – Quino El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal.

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión.

Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre.

  • La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia.
  • Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.
  • El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales.

Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

  • El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.
  • El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

¿Cuándo se vulnera el derecho a la vida?

agosto 2018 La Constitucion Protege La Vida Que Esta Por Nacer Fuente: Istock Photo Tiempo estimado de lectura: 3 minutos. El derecho a la vida se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos, En su artículo 3 establece que “t odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

A pesar de su reconocimiento, en muchos países este derecho se ve vulnerado debido a las guerras y a los conflictos, y sus habitantes deben huir hacia otro país para salvar su vida. El derecho a la vida es un derecho fundamental, como también lo es el derecho a la igualdad, la libertad o la integridad.

Asimismo, el artículo 15 de la Constitución Española establece que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física, sin que puedan ser sometidos a penas o tratos inhumanos. El derecho a la vida es la base de todos los demás derechos, el generador.

¿Qué dice el artículo 12 de los derechos humanos?

Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

¿Quién protege al feto?

Haga clic en la imagen para ampliarla. Saco amniótico. Es un saco con paredes finas que rodea al feto durante el embarazo. El saco contiene líquido amniótico (líquido producido por el feto) y el amnios (membrana que cubre el lado fetal de la placenta), que proteje al feto de lesiones y ayuda a regular su temperatura.

  • Ano. Es la apertura que se encuentra al final del canal anal.
  • Cuello del útero.
  • Es la parte inferior del útero que se proyecta hacia la vagina.
  • El cuello del útero está hecho principalmente de tejido fibroso y músculos, y posee una forma circular. Feto.
  • Es el bebé en gestación desde la octava semana a partir de la fecundación hasta el nacimiento.

Placenta. Es un órgano con forma de pastel desinflado que solamente se desarrolla durante el embarazo y permite un intercambio metabólico entre el feto y la madre. (El feto recibe oxígeno, nutrientes y otras sustancias, y elimina dióxido de carbono, entre otros desechos.) Cordón umbilical.

Es un cordón parecido a una cuerda que conecta el feto a la placenta. El cordón umbilical contiene dos arterias y una vena para enviar oxígeno y nutrientes al feto y eliminar sus desechos. Útero (también conocido como claustro materno). El útero es un órgano que posee una cavidad y tiene forma de pera, que se encuentra en el abdomen inferior de una mujer, entre la vejiga y el recto.

Cada mes durante la menstruación, cambia la cobertura de sus paredes, y es el lugar en el que se implanta un huevo fecundado (óvulo), a partir del cual se desarrollará el feto. Vagina. Es la parte de los genitales femeninos, ubicada detrás de la vejiga y delante del recto, que forma un canal que se extiende desde el útero hasta la vulva.

¿Qué es una persona por nacer tiene derechos?

TITULO III TITULO III De las personas por nacer Art.63. Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno. Art.64. Tiene lugar la representación de las personas por nacer, siempre que éstas hubieren de adquirir bienes por donación o herencia.

1° Los parientes en general del no nacido, y todos aquellos a quienes los bienes hubieren de pertenecer si no sucediere el parto, o si el hijo no naciera vivo, o si antes del nacimiento se verificare que el hijo no fuera concebido en tiempo propio;2° Los acreedores de la herencia;3° El Ministerio de Menores.

Art.67. Las partes interesadas aunque teman suposición de parto, no pueden suscitar pleito alguno sobre la materia, salvo sin embargo el derecho que les compete para pedir las medidas policiales que sean necesarias. Tampoco podrán suscitar pleito alguno sobre la filiación del no nacido, debiendo quedar estas cuestiones reservadas para después del nacimiento.

  • Art.68. Tampoco la mujer embarazada o reputada tal, podrá suscitar litigio para contestar su embarazo declarado por el marido o por las partes interesadas, y su negativa no impedirá la representación determinada en este código. Art.69.
  • Cesará la representación de las personas por nacer el día del parto, si el hijo nace con vida, y comenzará entonces la de los menores, o antes del parto cuando hubiere terminado el mayor plazo de duración del embarazo, según las disposiciones de este código.

: TITULO III

¿Qué dice el Código Civil sobre el nacimiento?

– La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo.

¿Cómo se llama la ley que protege al niño?

Caracas, 20 de noviembre de 2016.- El 20 noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, que cada año recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989.

  1. Venezuela ratificó la CDN al año siguiente, el 29 de agosto de 1990.
  2. Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes.
  3. Su aplicación es obligada para los gobiernos que la han ratificado, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas.

La CDN es el tratado internacional más ratificado de la historia y los 194 Estados que la han aceptado tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño, formado por 18 expertos en derechos de la infancia procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes.

Venezuela cuenta con un miembro de este comité desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 28 de febrero de 2019. Desde que existe la CDN, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, tiene el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de promover la protección de los derechos de la niñez en todo el mundo.

UNICEF trabaja en 190 países y territorios junto con aliados de los gobiernos, el sector privado y la sociedad organizada, para impulsar el cumplimiento los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. UNICEF tiene 25 años en Venezuela trabajando con base en lo expresado en la Convención y en el Programa País que se acuerda con el gobierno nacional, transformando el compromiso en acciones que contribuyen a la protección y el fortalecimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.

UNICEF, a través del Programa País acordado con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2015-2019, centra su acción en contribuir al fortalecimiento de las políticas y los sistemas para abordar retos y afianzar logros en las áreas de salud, nutrición, protección y educación.

Más información sobre el trabajo de UNICEF en Venezuela: https://www.unicef.org/venezuela/spanish/ La historia de la Convención sobre los Derechos del Niño En 1959, Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, que incluía 10 principios.

Pero no era suficiente para proteger los derechos de la infancia porque, legalmente, esta Declaración no tenía carácter obligatorio. Por eso en 1978, el Gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la ratificasen.

La Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley en 1990, después de ser firmada y aceptada por 20 países.

¿Cómo protege la ley a la mujer embarazada?

– Toda mujer gestante tiene derecho a recibir información completa y actualizada sobre los beneficios y riesgos de todos los procedimientos, fármacos y pruebas que se usan durante el embarazo, parto y período postparto.

¿Cómo protege la ley a las mujeres en estado de embarazo?

La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia’.

¿Qué tipo de protección constitucional tiene el no nacido?

Su protección constitucional consiste en señalar que en México el derecho a la vida no tiene limitaciones ni restricciones, es decir, ni mediante juicio se puede privar constitucionalmente de la vida a ningún individuo; sólo el individuo con vida puede de ser titular de los demás derechos.