Que Vacios Tiene La Constitucion De 1980?

Que Vacios Tiene La Constitucion De 1980
Desde mayo pasado, y con dos textos por semana, la serie #Constitucionalista compartió en CIPER el análisis de conceptos, definiciones y aspectos de la Propuesta constitucional elaborada por la Convención Constituyente. Académicos de diferentes universidades, especialidades y filiaciones desarrollaron esta serie, que hoy concluye con un recuento fundamental para la decisión democrática del próximo 4 de septiembre en plebiscito.

A las ciudadanas y ciudadanos de Chile, que anhelan una Constitución justa: Antes de dirigirnos a votar este 4 de septiembre, tendremos que evaluar y comparar entre el texto de la Constitución que hoy nos rige y la Propuesta de nueva Constitución (PNC). Este contrapunto es parte central de la decisión política a la que estamos cívicamente convocados, por los efectos que pueden seguirse del plebiscito.

En efecto, la decisión sobre el nuevo texto constitucional tiene un trasfondo establecido en el art.142 de la Constitución de 1980, y que hoy es la única certeza de la que disponemos: si ganare el Rechazo, seguirá vigente dicho texto constitucional. Por lo tanto, y siendo una posibilidad concreta la mantención de la Constitución de 1980, es conveniente contrastar la PNC con el texto vigente.

Para ello, y en un ejercicio de síntesis, proponemos los siguientes seis criterios de comparación. (1) En primer lugar, en cuanto al origen, los textos difieren radicalmente. La Constitución de 1980, en rigor, es el Decreto Ley Nº 3.464 promulgado por la Junta de Gobierno. Se trata de un texto impuesto bajo una dictadura que violó grave y sistemáticamente los derechos humanos e impuso reformas estructurales en el sistema político, económico y social.

Se elaboró en secreto, de espaldas a la ciudadanía y sin la inclusión de la disidencia (ésta, en efecto, era perseguida y desaparecida). Su texto fue ratificado a través de un plebiscito fraudulento que careció de las mínimas garantías electorales y desconoció el respeto básico de las libertades de participación política.

El contraste con las condiciones democráticas del proceso constituyente en curso es abismante.
No sólo se reglaron las etapas del procedimiento a través de reformas a la Constitución vigente —lo que aseguró un orden que, pese a lo que muchos insinuaron, se respetó hasta en los detalles—, sino que además se establecieron amplios espacios para que la ciudadanía tuviera, como nunca en la historia constitucional de Chile, la voz decisiva: un plebiscito habilitante o de entrada, la elección directa de los y las convencionales constituyentes y un plebiscito ratificatorio o de salida.

Todo con pleno respeto a los derechos de los distintos interesados y con mecanismos de participación ciudadana para la deliberación de la Propuesta. (2) En segundo lugar, en lo que refiere a la «sala de máquinas» de la Constitución y el funcionamiento del sistema democrático, tenemos una Carta vigente que se diseñó para neutralizar.

El origen del texto constitucional de 1980 —que suele presentarse, en curioso lenguaje bíblico, como un «pecado de origen»—, marcó a fuego sus regulaciones constitucionales. En efecto, la propuesta constitucional de la dictadura estuvo más animada a blindar la obra del régimen que a abrir las compuertas a la apropiación democrática.

Como se sabe de sobra, este era el objetivo declarado de una de sus cabezas, Jaime Guzman: configurar un orden constitucional que imponga tantas trabas al proceso democrático que, aunque ganen los entonces opositores a la dictadura, en los hechos, y justamente por esas regulaciones constitucionales, estos no pudieran terminar haciendo nada muy diferente a lo que ellos mismos, Guzmán y compañía, harían.

¿Cómo se podría lograr esto? Entregando a la derecha poder de veto sobre cualquier decisión que fuera a rasguñar la obra del régimen: un sistema electoral que en los hechos provocó un empate técnico en el Congreso Nacional y leyes de supermayoría (las de quórum calificado y las orgánicas constitucionales) que blindaron las materias más sensibles para la dictadura.

Prueba de esto lo representa el recurso a una ley orgánica —sí, orgánica— para resguardar el modelo educacional de la dictadura. La ecuación es perfecta: con el empate técnico en el Congreso, ninguna de esas materias podía modificarse sin que se tratara de reformas que la derecha estuviera dispuesta a aceptar.

Para todo lo demás estaba el veto: o no consentían en las reformas, en cuyo caso nada se aprobaba, o recurrían al Tribunal Constitucional, guardián definitivo de la obra constitucional de la dictadura. La guinda de la torta: los quórums de reforma constitucional, conforme a los que las enmiendas constitucionales requerían 3/5 ó 2/3 de los votos de los y las integrantes del Congreso.

El modelo constitucional impuesto —como se ha dicho, un verdadero ejercicio de ingeniería social y política— funcionó tan bien que, incluso removida la barrera del sistema electoral, una parte no menor de la clase política chilena seguía reclamando que debía actuarse del mismo modo en que actuarían si todos los vetos seguían en forma.

De allí que la remoción de las trampas de la regulación constitucional de 1980, como la de los quórums de reforma, no equivale, sin más, a la ausencia de vetos que impidan transformaciones sociales relevantes.
No obstante las volteretas argumentativas y cálculos cuantitativos que apuntan al número de reformas que se le han introducido, este ADN original del proyecto constitucional de la dictadura siguió vigente hasta que estalló la presión.

Tan así fue, que incluso los mismos defensores de ese modelo, presos de las circunstancias, se ven hoy forzados a declarar su muerte política. El plan funcionó a la perfección: postergó las necesidades populares, desacoplando las respuestas institucionales de los problemas que reclama la gente, y empujó el prestigio de las instituciones al piso.

La propuesta de nueva Constitución, por el contrario, abre los canales democráticos, establece nuevas reglas para la democracia directa, elimina cualquier tipo de leyes contramayoritarias o el control preventivo de constitucionalidad de proyectos de ley. En otros términos, no busca moderar o atajar la decisión democrática, sino que, por el contrario, la habilita y profundiza.

(3) En tercer lugar, la forma política de Estado cambia, pasando desde el Estado subsidiario al Estado social. La Constitución de 1980 confía al mercado y a los privados la provisión de bienes básicos como la salud, la educación y las pensiones, fijando límites a la actividad estatal y reduciéndola a la focalización para evitar la indigencia y la pobreza.

Los privados, bajo el Estado subsidiario, pueden lucrar en la provisión de estos bienes y no garantizan una calidad igualitaria, sino que una que depende de la capacidad de pago del usuario. ¿Qué papel le cabe al Estado? Hacerse cargo de los negocios malos; esto es, de aquellos en los que los particulares no han querido intervenir o en los que no les interesa emprender (como en la educación gratuita y de calidad).

El Estado social, por el contrario, reconoce la universalidad de los derechos sociales y los garantiza como condiciones básicas para la vida en común. Por ello, establece que el acceso y goce de la seguridad social, la salud, la vivienda o el cuidado no depende de los ingresos propios y corresponde al Estado financiar y estructurar los sistemas nacionales a través de los se realizarán las prestaciones que se derivan de los derechos sociales.

4) En cuarto lugar, la distribución del poder en el territorio del Estado es una de las transformaciones más relevantes que se nos presenta. La Constitución de 1980 establece un Estado unitario, que refuerza el centralismo del poder y que desconfía de la transferencia de competencias desde el nivel central al regional o comunal.

Si bien con los años se ha avanzado en dar espacios de representación política, esto no ha sido acompañado adecuadamente de recursos y atribuciones para implementar políticas a nivel subnacional. La PNC define la forma de Estado como un Estado Regional, y crea entidades territoriales autónomas.

Si bien la implementación de este nuevo Estado requerirá de diversas leyes y políticas públicas, su estructura reparte y distribuye competencias, recursos y decisiones en los territorios.
Esta es una de las modificaciones más profundas a la forma en que se ha entendido el poder del Estado en Chile, desde el inicio de la República.

(5) En quinto lugar, y fruto de una Convención Constitucional paritaria, existe un contraste radical en la forma que los textos constitucionales abordan la igualdad entre hombres y mujeres. La Constitución de 1980, en su texto original, ni siquiera mencionaba a las mujeres, ocultas tras el falso universal masculino de las normas.

Se trata de un texto constitucional que es insensible a las condiciones de vida de las mujeres y cómo deben estructurarse las instituciones para promover una igualdad de género. La propuesta de nueva Constitución define a la democracia como paritaria y la igualdad sustantiva es uno de los valores fundantes que cruzan su articulado.

En sus principios y disposiciones generales, se establece que los órganos colegiados del Estado deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres. Por otro lado, se reconocen derechos sexuales y reproductivos que habilitan una vida igualitaria y decisiones libres para hombres y mujeres.

El derecho al cuidado y el Sistema Integral de cuidados tiene por objeto corregir la brutal desigualdad fáctica entre ambos géneros.
Por último, el derecho a una vida libre de violencia de género o a un espacio digital libre de violencia surgen como respuesta a las hostiles condiciones de vida que sufren a diario las mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades y disidencias sexuales y de género.

(6) El último punto de contraste es la protección de grupos históricamente excluidos y marginados por el sistema político. La Constitución de 1980 es ciega a pueblos y naciones indígenas —cerca de un 10% de la población—; a los niños, niñas y adolescentes, que representan casi la cuarta parte de Chile; a las personas mayores o con discapacidad, que son cerca del 17% del país; a las diversidades y disidencias sexuales y de género; o a las personas neurodivergentes, entre otras.

Bajo la neutralidad formal de sus disposiciones desconoce sus realidades profundizando las desigualdades. La PNC asume los desarrollos propio del Derecho internacional de los derechos humanos, con avances significativos en la especificación de sujetos que requieren especial protección, y respecto de los cuales existen tratados internacionales especiales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Además de lo anterior, establece deberes estatales claros, precisamente con el objeto de remover los obstáculos normativos y fácticos que hacen que estos sujetos no puedan gozar libremente de sus derechos. En esta materia, se liga con el Estado social y con el principio de igualdad sustantiva que cruza la propuesta, con el objeto de habilitar un Estado robusto que garantiza los derechos de todos y todas.

*** La Propuesta de nueva Constitución supone un nuevo pacto social que profundiza la democracia, crea un Estado social, distribuye territorialmente el poder a través del Estado regional, busca igualar a hombres y mujeres a través de la igualdad sustantiva y la democracia paritaria, y brinda mecanismos de protección de grupos históricamente excluidos.

¿Cómo era la Constitución de 1980 en Chile?

El anteproyecto de la Constitución comenzó a ser elaborado en 1976 por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, conocida como Comisión Ortúzar, por estar presidida por Enrique Ortúzar. Además, estaba integrada por Jaime Guzmán Errázuriz, Alejandro Silva Bascuñan, Jorge Ovalle Quiroz, Alicia Romo, Enrique Evans de la Cuadra, Sergio Diez y Gustavo Lorca.

Por renuncia de algunos de ellos, en 1977 fueron reemplazados por Luz Bulnes Aldunate, Raúl Bertelsen y Juan de Dios Carmona. El Consejo de Estado, presidido por Jorge Alessandri Rodríguez, introdujo entre 1978 y 1980 modificaciones al anteproyecto, el que finalmente pasó a manos de la Junta de Gobierno, donde alcanzó su redacción final.

La nueva Constitución tuvo como principal objetivo resguardar el régimen de cualquier grupo o ideología que quisiera atentar contra el Estado y la nación. Para ello, declaró inconstitucional todo acto u organización que propugnara una concepción contraria a la familia o fundada en la lucha de clases.

Estableció, además, un modelo fuertemente presidencialista (con facultad para disolver la Cámara de Diputados); un Consejo de Seguridad Nacional, cuyos miembros eran en su mayor parte militares; un Tribunal Constitucional con la atribución de resolver la constitucionalidad de los actos del ejecutivo, legislativo y organizaciones en general; Fuerzas Armadas constituidas en garantes de la institucionalidad, con comandantes en jefe inamovibles en sus cargos; un sistema electoral binominal, favorecedor de la existencia de sólo dos grandes conglomerados políticos; un Senado compuesto en parte por senadores designados; gobiernos locales presididos por alcaldes designados y severas restricciones a la posibilidad de reformar la Constitución.

La Constitución fue aprobada con el 67 por ciento de los votos a favor y 30,2 por ciento en contra, en un plebiscito efectuado el 11 de septiembre de 1980, sin que hubiese padrón electoral y bajo severas restricciones a la libertad de expresión, información y reunión.

Comenzó a regir en forma transitoria a partir del 11 de marzo de 1981 y en forma plena el 11 de marzo de 1990, con la vuelta de la democracia. El 2005 bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar se realizaron reformas constitucionales que eliminaron la existencia de senadores designados o vitalicios, entre otras modificaciones.

Además, se registró la firma de Ricardo Lagos en la Constitución, en reemplazo de la del general Pinochet.

¿Que se establece en la Constitución de 1978?

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La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. Aprobada las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, la Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre, siendo sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año.

La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada transición a la democracia, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte, el 20 de noviembre de 1975, del anterior jefe de Estado, el dictador Francisco Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen dictatorial en un «Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político », tal y como proclama el artículo primero de la Constitución.

En él también se afianza el principio de « soberanía nacional », que « reside en el pueblo español», y se establece «la Monarquía parlamentaria » como forma de gobierno, Deroga, además, en la Disposición Derogatoria, las Leyes Fundamentales del Reino aprobadas en 1938 y modificadas en múltiples ocasiones, la última de ellas en 1977 precisamente para abrir paso a la democracia.

«La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran» (artículo 2).
Establece una organización territorial basada «en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan», rigiendo «la solidaridad entre todas ellas».

Tras el proceso de formación del Estado de las Autonomías, las comunidades autónomas gozan de una autonomía de naturaleza política que configura a España como un Estado autonómico, Las entidades locales, como los municipios y las provincias, gozan de una autonomía de naturaleza administrativa, y sus instituciones actúan en conformidad con criterios de oportunidad dentro del marco legal fijado por el Estado y las comunidades autónomas.

El rey es el jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Sus actos tienen una naturaleza reglada, cuya validez depende del refrendo de la autoridad competente que, según el caso, es el presidente del Gobierno, el presidente del Congreso de los Diputados, o un ministro. En el texto constitucional se establece la separación de funciones (no debe confundirse con la separación de poderes, idea fundamental del pensamiento liberal).

En la base, la soberanía nacional permite la elección, por sufragio universal (varones y mujeres, mayores de 18 años), de los representantes del pueblo soberano en las Cortes Generales, configuradas a modo de un bicameralismo asimétrico, integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado, Ambas cámaras comparten el poder legislativo, si bien existe una preponderancia del Congreso de los Diputados, que además es el responsable exclusivo de la investidura del presidente del Gobierno y de su eventual cese por moción de censura o cuestión de confianza,

No obstante, tanto el Congreso como el Senado ejercen una tarea de control político sobre el Gobierno mediante las preguntas e interpelaciones parlamentarias. El Gobierno, cuyo presidente es investido por el Congreso de los Diputados, dirige el poder ejecutivo, incluyendo la administración pública,

Los miembros del Gobierno son designados por el presidente y, junto a él, componen el Consejo de Ministros, órgano colegiado que ocupa la cúspide del poder ejecutivo. El Gobierno responde solidariamente de su actuación política ante el Congreso de los Diputados, que, dado el caso, puede destituirlo en bloque mediante una moción de censura,

El poder judicial recae en los jueces y tribunales de justicia, y el Consejo General del Poder Judicial es su máximo órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la norma suprema.

¿Cómo definía a Chile la Constitución de 1925?

Constitución Política de la República de Chile, promulgada el 18 de septiembre de 1925. Promulgada el 18 de septiembre de 1925 por el Presidente Arturo Alessandri Palma, es sometida a plebiscito el 30 de agosto del mismo año. Pone término al sistema parlamentario estableciendo un régimen presidencialista.

¿Qué caracteriza a la Constitución de 1980 creada durante la dictadura militar?

La nueva Constitución de 1980 – A inicios de la dictadura militar, el general Leigh planteó el problema de darle al país una nueva carta fundamental, en reemplazo de la Constitución de 1925 que condujo (según Leigh) al quiebre institucional. Le dio el trabajo de elaborar un anteproyecto de Constitución a la Comisión Ortúzar, presidida por el jurista Enrique Ortúzar, y entre los elementos claves se encontraría el líder gremialista Jaime Guzmán,

En 1978 Pinochet ordenó que se entregara el anteproyecto al Consejo de Estado, quien redactaría la nueva Constitución.
El consejo estaría integrado por representantes de los diversos sectores del país (excluyendo a la izquierda) y los expresidentes que todavía vivieran ( Gabriel González Videla, Eduardo Frei Montalva y Jorge Alessandri Rodríguez, aunque Frei rechazó la invitación).

El consejo fue presidido por Alessandri, creyendo este que podría plasmar sus ideas en la nueva Constitución; él prefería una reforma a la de 1925 para sustentar más la legalidad, ya que sus ideas de una rápida transición a la democracia serían desestimadas y cambiadas por los miembros de la Junta de Gobierno,

A pesar de eso sería, junto al gremialista Jaime Guzmán, el cerebro del consejo, plasmando gran cantidad de ideas que tenía planeadas desde su intento fallido de reforma durante su Gobierno. Como insistiese ante la Junta por su propuesta de transición (que duraba seis años, en vez de los dieciséis que planteaba Pinochet), renunció a su puesto en el concejo.

Para legitimar la Constitución, Pinochet llamó a un plebiscito a realizarse el 11 de septiembre de 1980, No hubo oposición a la propuesta más que el Caupolicanazo, único acto permitido en el Teatro Caupolicán, encabezado por Frei Montalva para votar negativo.

No hubo registro electoral ni tribunal electoral, marco en el que se observaron numerosas irregularidades.
El plebiscito tuvo un resultado oficial de un 67% de aprobación, resultado sumamente cuestionado en virtud de las condiciones mencionadas.
La Constitución de 1980 significó la disminución de las facultades del Congreso Nacional ; la creación del Tribunal Constitucional ; transformar al Estado en uno subsidiario en lo económico, social y cultural; se creó el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente de la República; se sustituyó el sistema proporcional electoral por uno binominal ; se estableció el sistema de segunda vuelta electoral cuando no se ha logrado mayoría absoluta en las elecciones presidenciales; se fijó el período presidencial en 8 años, y se estableció un plazo de transición a la democracia : durante ocho años Pinochet gobernaría como presidente, y cuando terminase ese período la Junta pondría un candidato (que sería Pinochet posteriormente) para que lo aprobase en un nuevo mandato de 8 años o lo rechazase, luego de esto podía ser reelegido otros 8 años.

Luego, en el año 2005, bajo la administración del presidente Ricardo Lagos se aprobó una serie de reformas a la constitución de 1980, que según el mandatario tuvieron por finalidad democratizar y modernizar la carta magna. Algunas reformas afectaron a las atribuciones de los funcionarios públicos y el plazo durante el cual ejercen sus cargos.

¿Que establecía la Constitución de 1979?

CONSTITUCIÓN DE 1979 Artículo 79. El Perú en una República democrática y social, independiente y soberana, basada en el trabajo. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Artículo 80. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, promover el bienestar general basado en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado del país, y eliminar toda forma de explotación del hombre y el de hombre por el Estado.

Artículo 81. El poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen en su representación y con las limitaciones y responsabilidades señaladas por la Constitución y la ley. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada o Fuerza Policial, o sector del pueblo puede arrogarse su ejercicio. Hacerlo es sedición.

Artículo 82. Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. Son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El pueblo tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional.

Artículo 83. El castellano es el idioma oficial de la República. También son de uso oficial el quechua y el aymara en las zonas y la forma que la ley establece. Las demás lenguas aborígenes integran asimismo el patrimonio cultural de la nación. Artículo 84. La capital de la República del Peru es la ciudad de Lima.

Artículo 85. La bandera de franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, el escudo y el himno nacional establecido por ley, son símbolos de la Patria. Artículo 86. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Peru.

Le presta su colaboración.
El Estado puede también establecer formas de colaboración con otras confesiones.
Artículo 87. La Constitución prevalece sobre toda otra norma legal.
La ley, sobre toda norma de inferior categoría, y así sucesivamente de acuerdo a su jerarquía jurídica.
La publicidad es esencial para la existencia de toda norma del Estado.

La ley señala la forma de publicación y los de su difusión oficial. : CONSTITUCIÓN DE 1979

¿Qué diferencias hay entre la Constitución de 1925 y la de 1980?

Incorporación del Principio de Juridicidad: Los artículos 6 y 7 de la Constitución de 1980, a diferencia del texto de 1925, consagran el Principio de Juridicidad que pueden ser entendida como la sujeción plena del Estado y sus órganos al bloque de la legalidad, tanto en la forma como en el fondo.

¿Quién creó la Constitución de 1980?

Constitución Política de la República de Chile de 1980

Constitución Política de la República de Chile
En vigor	11 de marzo de 1981
Signatario(s)	Augusto Pinochet Ugarte, la Junta Militar de Gobierno y ministros de Estado (originalmente, en 1980) Ricardo Lagos Escobar y sus ministros de Estado (tras reforma en 2005)

¿Qué pasó importante en 1980?

Desde la esquina superior izquierda en sentido de las manecillas del reloj: el primer lanzamiento transbordador espacial Columbia; Gorbachov junto a Reagan firmando el Tratado INF en la Casa Blanca; la caída del Muro de Berlín; la computadora personal IBM PC; los conciertos de Live Aid; el Accidente de Chernóbil; la

¿Qué hechos se presentaron en 1980?

Las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el terrorismo mundial, la existencia del sida y otras grandes tragedias marcaron la década de los 80. Pero también fue una época de grandes avances y descubrimientos como el primer PC o el internet.

¿Qué modelo económico hizo crisis a principios de los años 80 Chile?

Las reformas neoliberales implementadas en Chile durante las décadas de 1970 y 1980, significaron en términos económicos y sociales la proyección de una nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose en una revisión radical de la política económica del país durante los últimos tres cuartos del siglo XX.

Atrás quedó el control que en dichas materias ejerció el Estado, situación que se agudizó aún más durante el mandato de Salvador Allende Gossens, Finalmente, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 conllevó la puesta en marcha de una nueva política económica, hasta el momento no aplicada en el país.

Las bases teóricas de la política económica implementada desde 1974 por la dictadura, encabezado por Augusto Pinochet Ugarte, se pueden encontrar en El ladrillo, Este documento fue elaborado, desde agosto de 1972, por los economistas Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José Luis Zabala Ponce; su propósito fue elaborar un programa económico alternativo al implementado por la Unidad Popular entre 1970 y 1973.

Como consecuencia del pesimista diagnóstico que realizaron de la economía nacional, llegaron a la conclusión de la necesidad de liberalizar la hasta entonces cerrada economía chilena, que adolecía de una férrea regulación del Estado, actuando éste como empresario, promotor de la inversión y la industrialización, y anulando la participación de agentes privados en dichas áreas.

Además, durante este período se produjo un desequilibrio en la balanza de pagos y una hiperinflación que por mucho tiempo se ubicó en tres dígitos, situación que persistió por algunos años y que se convirtió en uno de los principales objetivos a regularizar por este nuevo modelo económico,

La primera etapa del modelo neoliberal chileno, que comprendió los años 1974 a 1982, se caracterizó por una férrea ortodoxia de los postulados liberales suscritos por los Chicago boys,
Esto se tradujo en una extrema liberalización de las importaciones, sello distintivo de las principales áreas estratégicas: la política anti-inflacionaria, las reformas del sistema financiero y la apertura comercial hacia el exterior.

Como respuesta a las políticas contractivas adoptadas durante esos años, se experimentó un elevado índice del desempleo, disminución de los salarios, numerosas quiebras de empresas y desaliento en la formación de capital de inversión, principal motor de crecimiento y progreso.

La crisis cambiaria de 1982 -1983, originada por la devaluación del tipo de cambio real, por la duplicación de la deuda externa y por un retroceso de las exportaciones, significó un giro en las decisiones económicas adoptadas hasta ese momento por Pinochet y su equipo asesor.
A partir de 1985, con la incorporación de Hernán Büchi como Ministro de Hacienda, se inició una etapa de flexibilización de las políticas económicas, más elástica y pragmática.

De este modo se aceleró e intensificó la privatización de las empresas estatales y de los servicios sociales con el objetivo de reactivar la alicaída economía nacional. Asimismo, se redefinieron algunas funciones del Estado, con atribuciones subsidiarias y fiscalizadoras de los desequilibrios macroeconómicos.

Esto sumado a un notable mejoramiento de los términos de intercambio como consecuencia del precio favorable del cobre y de la reestructuración sustancial realizada en la política fiscal, en las reformas comerciales y financieras y en las reformas sociales, conformaron la totalidad del conjunto de transformaciones económicas propiciadas por el régimen militar y por los gobiernos de la Concertación durante los últimos treinta años.

El modelo neoliberal de la década de 1990 se mantuvo consolidado durante las administraciones de los presidentes Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar. En sus gobiernos se puso énfasis en el gasto público social, privilegiando el crecimiento con equidad, dirigido a reducir la pobreza, disminuir la cesantía y, por sobre todo, resguardar la estabilidad macroeconómica.

A pesar de ser éste uno de los períodos de mayor crecimiento económico que ha experimentado Chile durante el siglo XX, el país es considerado todavía como uno de los peores del mundo en términos de distribución del ingreso, factor que se ha constituido en el mayor desafío a combatir.
La desaceleración que sufrió Chile en 1998 a causa de la crisis asiática que penetró en toda América Latina y de la exacerbada política monetaria contractiva que ejerció el Banco Central ese año, puso freno a un período de enorme prosperidad económica desarrollada por estos gobiernos democráticos.

La aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado entre Chile y Estados Unidos, constituye un importante avance para robustecer la inversión extranjera en el país.

Los economistas neoliberales Sergio de la Cuadra, Sergio de Castro, Pablo Barahona y Alvaro Bardón en una reunión durante 1982 Los economistas Sergio de Castro y Pablo Barahona, 1982 Alejandro Foxley, economista de CIEPLAN y senador de la República por la Democracia Cristiana, 1982 El economista Juan Villarzú, uno de los propulsores de la redacción de El Ladrillo, 1982 Manuscrito de El Ladrillo, 1992 El economista José Luis Zabala, uno de los propulsores de la redacción de El Ladrillo, 1982 El economista Andrés Sanfuentes, uno de los propulsores de la redacción de El Ladrillo, 1982 El economista Emilio Sanfuentes, 1982 Manuscrito de El Ladrillo El economista Sergio de la Cuadra en momentos críticos de la economía chilena durante 1982 Miguel Kast, Presidente del Banco Central, 1982 El economista y docente Sergio de Castro, 1982 Álvaro Bardón, economista de la Universidad de Chile y miembro de los Chicago boys, 1982 El Ministro de Hacienda Hernán Büchi Buc, 1985

¿Cómo cambia Chile a fines de la decada de 1980?

Fines de la década de 1980 – Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile En los años 1980 la vida urbana de cafés y restaurantes decayó respecto a la efervescencia del pasado. La instauración del gobierno militar provocó el cierre de muchos locales, además de modificar las costumbres del santiaguino o del porteño: “Con el ‘toque de queda’ ya no se podía salir a las calles.

Hay patrullas de vigilancia.
El control es estricto” (Manuel Peña Muñoz.
Los Cafés Literarios en Chile,
Santiago: RIL Editores, c2001.p.189).
A fines de dicha década, se revitalizó el ambiente santiaguino y comenzaron a abrirse innumerables espacios destinados a la reunión.
El barrio Lastarria en especial impulsó el resurgimiento de los cafés y locales de vida nocturna.

Allí, se instalaron bares y cafeterías, destacándose el Café de la Pérgola de la Plaza del Mulato Gil de Castro, el que se convirtió en un nuevo punto de encuentro para intelectuales y para recitales de música. Allí siempre estaban:, Carlos Franz, y Arturo Fontaine Talavera, entre otros.

Otro establecimiento de eternas veladas literarias fue el Café del Biógrafo, inaugurado en 1988 por Douglas Hübner, cineasta y periodista; el productor Sergio Trabuco, el escritor Antonio Arias y Eduardo Tironi.
Fue un lugar frecuentado por actores, tales como Ana González, Patricia Rivadeneira, Pedro Vicuña; escritores, entre ellos,,, Tomas Moulián, José María Memet,, Jaime Collyer y muchos otros más.

Cerró sus puertas en marzo del 2001. : Fines de la década de 1980 – Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile

¿Qué fue lo bueno que hizo Pinochet?

El «segundo milagro» – Ante la llegada de la crisis, el Régimen de Pinochet abandonó momentáneamente varias ideas de los Chicago Boys, aplicando medidas de tipo keynesiano, Sin embargo, pasada la parte más cruda de la crisis, volvió al sistema neoclásico con el nuevo ministro de hacienda, Hernán Büchi en 1985, Para conseguir la reactivación, Büchi tomó las siguientes medidas:

Fuerte reducción del gasto en el sector público, con medidas como rebajar el gasto social y las jubilaciones.
Política de devaluación del peso en función del dólar muy fuerte, que sobrepasasen la inflación. De esta manera, con el dólar alto, se favorecían las exportaciones y se restringían las importaciones.
Privatizaciones de las empresas que seguían siendo estatales como ( CAP ), Enersis, Endesa, Entel, CTC, IANSA, LAN Chile, Laboratorio Chile y otras.
Privatización de los bancos intervenidos por el gobierno durante la crisis.
Control de las tasas de interés por el Banco Central y ya no por el mercado.
Descenso controlado de los aranceles.

El resultado de su gestión fue el retorno al liberalismo económico que implantaron los Chicago Boys, pero de una forma mucho más controlada sin el ahínco y urgencia que le imprimieron sus antecesores y un crecimiento económico que llevaría a Chile a duplicar su PGB en el lapso de diez años.

Dichas privatizaciones, sin embargo, se realizaron fuera de toda fiscalización, sin bases de licitación y bajo una completa falta de transparencia, lo cual provocó un gran perjuicio económico a los intereses del país, en lo que la periodista María Olivia Monckeberg denominó ” El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno “.

Se estima que en dichas operaciones el Estado chileno perdió el equivalente a 2 mil 223 millones de dólares, de hecho según la contraloría General de la República solo la privatización de CAP significó pérdidas para el Estado de 706 millones de dólares, y la de ENDESA 811,5 millones.

¿Qué derechos fueron vulnerados durante la última dictadura militar?

La Comisión Argentina por los Derechos Humanos demostró en 1976 ante organismos internacionales la violación sistemática por la dictadura de Argentina de la mayoría de los derechos humanos recogidos en la Declaración de 1948 y en sus protocolos adicionales.

Ellos implicaban la violación de los siguientes derechos: a) Del derecho a la vida.
B) De la prohibición de aplicación de tormentos sobre los seres humanos.
C) Del derecho a un proceso justo y un recurso efectivo ante tribunales imparciales.
D) De la falta de garantías de defensa.
E) Del derecho de asilo.

f) Del derecho a un trato humano, no degradante y a que las cárceles sean sanas y limpias. g) De los derechos democráticos y de principio de la soberanía popular. h) Del derecho de libertad sindical. i) Del derecho de libertad de opinión y expresión. j) De la libertad de reunión y asociación.

K) De derechos culturales. l) De los derechos sociales.Con lo recogido en diecinueve meses de trabajo y,una misión de diez días en Argentina, Amnesty International publicó en 1977 el Informe de una misión a la República Argentina, coincidiendo en lo anteriormente descrito. Más información De los datos que se desprenden de éste y distintos organismos humanitarios nacionales e internacionales se calcula en un número no menor a 12.000 los presos políticos.

Según el boletín número 1 de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, 4.000 se encuentran detenidos a disposición del poder ejecutivo, muchos desde hace tres años, sin causa ni proceso alguno. Los desaparecidos suman entre 15.000 y 20.000; los muertos desde marzo de 1976, entre 6.000 y 9.000.

Las veinte cárceles oficiales para presos políticos fueron insuficientes para amontonar a esta enorme suma de presos y desaparecido s (secuestrados sin recoreconocerse su detención.
Al conocido campo de concentración clandestino de Famaillá, Tucumán, se añadieron luego los de La Ribera y La Perla, en Córdoba.

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¿Quién estaba en el poder en 1980 en Chile?

Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, en calidad de Comandante en Jefe del Ejército de Chile, encabezó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende, Tras el bombardeo a La Moneda, el poder fue asumido por una Junta Militar de Gobierno liderada por Pinochet, siendo nombrado Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974 y, pocos meses después, el 17 de diciembre, Presidente de la República,

Su estadía en el poder se caracterizó por el quebrantamiento del sistema democrático, la disolución del Congreso Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la restricción de los derechos civiles y políticos (libertad de expresión, información, reunión y movimiento) y la violación de los derechos humanos,

También debió sortear conflictos limítrofes como el caso del Canal Beagle con Argentina, situación que generó tensiones ente las Fuerzas Armadas de ambos países. Bajo su gobierno se dio inicio a un proceso de profunda transformación económica y social,

A partir de 1980 se comenzó a implementar con fuerza un nuevo modelo económico de corte neoliberal, desarrollado bajo los lineamientos de los llamados Chicago boys,
A través de un plebiscito en 1980, se aprobó una nueva Constitución Política que establecía que Pinochet continuaría en la presidencia por un nuevo período de ocho años, cargo que asumió formalmente el 11 de marzo de 1981.

Asimismo, ascendió a Capitán General al año siguiente, grado de tradición colonial que no se había ostentado en nuestro país desde los comienzos de su vida republicana. Las transformaciones económicas y políticas implementadas durante el régimen militar se oponían a la imagen del otro Chile durante ese período, el de la resistencia y movilización social,

Desde 1983 se inició una fuerte oposición al régimen, situación que culminó con el triunfo de la opción “NO” en el plebiscito de 1988, Como consecuencia de esto, y tras la realización de un nuevo plebiscito en 1989 que tuvo como objeto reformar la Constitución para garantizar la futura gobernabilidad democrática, el 14 de diciembre de 1989 se realizaron las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias, resultando elegido el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, el demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar.

Con ello se inició un período de transición a la democracia que se caracterizó, en sus primeros años, por la tensión existente entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, aún bajo el mando de Augusto Pinochet pues, tras entregar el poder el 11 de marzo de 1990, este continuó como Comandante en Jefe del Ejército, tal como lo establecía la Constitución dictada durante su gobierno.

El 11 de marzo de 1998, al día siguiente de abandonar la comandancia en jefe, Pinochet volvió a participar activamente en la política del país cuando asumió como senador vitalicio, Sin embargo, su fuero parlamentario no impidió que se iniciaran diversos procesos judiciales en su contra. Caso emblemático fue su detención en Londres en octubre de 1998 y el caso Riggs, que lo acusaba de malversación de fondos públicos.

A su muerte, acaecida el 10 de diciembre del 2006, recibió honores fúnebres únicamente como ex Comandante en Jefe del Ejército y no como ex Presidente de la República.

Elecciones parlamentarias Bombardeo de La Moneda, 11 de septiembre de 1973 General Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile Augusto Pinochet saluda a Enrique Ortúzar, Presidente de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Teniente Augusto Pinochet en la Escuela Militar, 1940 Padres de Augusto Pinochet, hacia 1921 Pinochet ¿hay salida? ¡Alerta militar! Presidente Salvador Allende junto a general Augusto Pinochet, agosto 1973 Augusto Pinochet junto a un grupo de cadetes en la antigua Escuela Militar, hacia 1932 Corrió solo y salió segundo!, los fanáticos del sí y de Pinochet olvidan que el 5 de octubre. Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, 1978 Adios General, adios carnaval! gobierno reconoció el triunfo del no Atentado contra S.E., presidente herido leve en una mano Presidente Patricio Aylwin A. General Augusto Pinochet Ugarte en la Parada Militar, 19 de septiembre de 1971 Augusto y Gerardo Pinochet Ugarte cuando niños, hacia 1920 General Augusto Pinochet, 1973 Augusto Pinochet junto a Nuncio Vaticano Monseñor Angelo Sodano y Cardenal Antonio Samoré, durante proceso de mediación papal Augusto Pinochet Hiriart de Pinochet, Lucía

¿Cuál era el contexto político interno en el que se produjo el golpe de Pinochet en 1973?

Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973
Parte de la Guerra Fría
Bombardeo al Palacio de La Moneda en Santiago,
Contexto del acontecimiento
Fecha	11 de septiembre de 1973
Sitio	Chile
Impulsores	Fuerzas Armadas de Chile, con apoyo del Partido Nacional, sectores de la Democracia Cristiana y otros civiles. Apoyo internacional del Gobierno de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia,
Motivos	Guerra Fría : crisis política, social y económica en el gobierno de Salvador Allende,
Influencias ideológicas de los impulsores	Anticomunismo
Gobierno previo
Gobernante	Salvador Allende
Forma de gobierno	República presidencial
Gobierno resultante
Gobernante	Junta de Gobierno, liderada por Augusto Pinochet
Forma de gobierno	Dictadura militar

El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea, Cuerpo de Carabineros y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular,

Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio de La Moneda, la sede de gobierno.
Allende se suicidó mientras las tropas militares ingresaban al Palacio.
Este golpe dio origen al establecimiento de una junta militar liderada por Augusto Pinochet,
Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura militar que se extendió hasta 1990.

Durante este periodo, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. Salvador Allende asumió en 1970 como presidente de Chile, siendo el primer político de orientación marxista en el mundo que accedió al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho,

Su gobierno, de marcado carácter reformista, produjo una creciente polarización política en la sociedad y una dura crisis económica que desembocó en una fuerte convulsión social.
Esto llevó a una acusación constitucional por parte del Congreso poco antes del golpe.
Sin embargo, la posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende existió incluso antes de su elección.

El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. Dentro de estas acciones se encuentran el asesinato del general René Schneider y el Tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973.

Tras el Tanquetazo, grupos dentro de la Armada de Chile planearon derrocar al gobierno, al que posteriormente se sumaron los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos dentro de Carabineros, Días antes de la fecha planificada para la acción militar, se sumó Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército,

En la mañana del 11 de septiembre de 1973, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Orden lograron rápidamente controlar gran parte del país exigiendo la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien se refugió en la sede de gobierno.