Agustín Squella - Constituyente Distrito 7
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De lo que se trata es de estudiar, discutir y aprobar una nueva Constitución. Una nueva Constitución no para uno u otro sector del país, sino para la República de Chile, a la que todos queremos y pertenecemos. Una nueva Constitución que será la primera en la historia del país con carácter democrático tanto en su origen como en sus contenidos. Una nueva Constitución que nos represente a todos y de la que todos podamos llegar a sentirnos orgullosos.

Las anteriores Constituciones, en particular la de 1980, fueron siempre la imposición de una parte del país sobre las restantes, y nuestra nueva Constitución no puede seguir esa negativa tradición. La nueva Constitución no podrá ser una venganza contra la que rige actualmente, y lo que debe ser es un acto de soberanía y no uno de revancha.

Todas nuestras Constituciones se han llamado “Constitución de la República de Chile”, pero no hemos estado realmente a la altura de la palabra “república”. Esta palabra designa un régimen contrario a la monarquía, y en eso estamos bien, pero significa también esto otro: gobierno en pro del bien común, del bien colectivo, del bien de todos, y no en favor de algún grupo o sector cuyos intereses consigan imponerse a los que conciernen a todos. En este sentido, la palabra “república”, justo con exigir idoneidad a los gobernantes, demanda de estos una muy estricta eficiencia y probidad en el desempeño de sus funciones. Una república con altos niveles de corrupción no es más una república.

Hay distintas apreciaciones de lo ocurrido en Chile a partir del 18 de octubre de 2019, pero nadie niega que uno de los motivos principales del malestar y la indignación que se expresaron entonces tenía que ver con graves y prolongados casos de corrupción y abuso en la política, en los negocios, y hasta en algunas ramas de las fuerzas armadas. Pero fueron también motivos principales de las marchas y protestas sociales de entonces la falta de un acceso garantizado para buena parte de la sociedad chilena a bienes básicos o primordiales de atención sanitaria, educación de calidad y no segregada, vivienda digna, remuneraciones justas por el trabajo, previsión oportuna y también justa, y medio ambiente sano que impida la proliferación de las escandalosamente llamadas , y aceptadas, “zonas de sacrificio”.

Entonces, tenemos que ponernos a la altura de la palabra “república” en el sentido de esta palabra que la relaciona con la eficiencia del aparato público y, sobre todo, con la probidad del gobierno central, del parlamento, de los jueces, y de los gobiernos regionales, provinciales y comunales, para lo cual se necesita que la nueva Constitución no solo organice el poder en todos esos niveles, sino que también lo divida, lo limite y lo controle.

De eso se trata. Ni más ni menos, es de eso que se trata. De allí que la votación del plebiscito del 25 de octubre de 2020 no fuera una votación cualquiera. No se trató de una votación más de aquellas que tienen lugar periódicamente en toda democracia para elegir y renovar a sus autoridades políticas. Lo mismo pasará con la votación de abril de este año para elegir a los integrantes de la Convención Constitucional. Será otra vez una votación única, especialísima, y en ella no se elegirán personas para que ocupen un cargo, sino para que realicen una función: la de redactar una nueva Constitución para la República de Chile que será luego sometida a un plebiscito en que deberá participar toda la ciudadanía.

La Convención Constitucional tendrá así un muy importante encargo, y para cumplirlo, los futuros constituyentes, una vez elegidos y constituida la Convención, deberán escucharse unos a otros y escuchar también a los ciudadanos y sus múltiples organizaciones, tanto nacionales como regionales.

“Escuchar”, ese es y seguirá siendo el verbo clave, puesto que solo así los constituyentes podrán formarse sus opiniones definitivas sobre los contenidos de la nueva Constitución. Todos ellos llegarán a la Convención con ideas y planteamientos propios acerca de tales contenidos, pero estarán dispuestos a escuchar ideas y planteamientos diferentes de los suyos. Solo de esa manera –escuchando, conversando, representando- los constituyentes estarán en condiciones de mantener o de rectificar y mejorar sus puntos de vista iniciales.

La Convención Constitucional será un organismo esencialmente reflexivo, participativo, deliberativo, y durante el tiempo que dure su trabajo transformará al país en una gran coloquio constitucional en el que todos y todas tendrán derecho a pedir la palabra y el deber de escuchar lo que digan los demás.

Un coloquio no solo de juristas, sino de todos. Un coloquio no solo de expertos, sino de la completa ciudadanía. Un coloquio de hoy, pero pensando en el mañana. Un coloquio de las actuales generaciones y para las futuras generaciones. Un coloquio sobre el Chile que tenemos, pero, sobre todo, sobre el país que queremos tener.

De eso se trata.

Entonces, ¡manos a la obra!

Tenemos una nueva Constitución a la vista, pero que no está hecha.

Tendremos que hacerla entre todos.