Siempre es preciso partir por el significado de las palabras –en este caso «cultura»–porque casi todas son multívocas, es decir, tienen varios usos, de manera que es importante aclarar en cuál o cuáles de sus acepciones la estamos utilizando. Lo que nos libera de esa exigencia es que, muy a menudo, el contexto aclara la definición. Así, es muy habitual emplearla en todo lo que concierne a la creación, producción y difusión de las artes.

Con este concepto nos referimos también a un conjunto de bienes de especial valor simbólico, tangibles e intangibles, que confieren identidad a un lugar, a una ciudad, a un país, a un continente o a la completa humanidad, caso en el cual hablamos de «patrimonio cultural».

«Cultura» es igualmente en término con el que aludimos a las creencias y maneras de pensar, de sentir y de vivir que predominan en un determinado sitio o pueblo, en el que, si se trata de una sociedad democrática y abierta, lo que hay son distintas culturas. Es decir, una pluralidad de tales creencias y maneras de pensar, de sentir y de vivir, diferentes y en algunos puntos hasta rivales entre sí.

En este último sentido es evidente que influya en el futuro texto constitucional chileno, como también lo harán los intereses de distintas personas, agrupaciones y sectores sociales, puesto que una sociedad es, ante todo, un avispero de múltiples intereses en pugna.

En cuanto a los otros dos sentidos de la palabra, parece evidente que la nueva Constitución será mucho más explícita y comprometida en cuanto al deber del Estado de impulsar y apoyar el desarrollo cultural del país. Esto debe ser de manera armónica, desde un punto de vista territorial, tanto en lo que se refiere a la creación, producción y difusión artística como en lo relativo al cuidado, incremento y disfrute del patrimonio cultural. Lo que el Estado posee en esta materia no son derechos, sino deberes. En cambio, los sujetos y organizaciones que ellos forman, así como los distintos pueblos de Chile, tienen derechos culturales, cuya consagración en el futuro texto constituyente tendrá que ser considerada. En el caso de los pueblos, además de su reconocimiento explícito en la nueva Constitución, habrá que determinar con suficiente precisión cuáles son los derechos que les asisten, y no solo en el ámbito cultural.

Tratándose de los individuos y de las organizaciones que ellos forman con los fines que comentamos, tendrán el derecho a participar en la vida cultural del país, de la región y de la ciudad en que vivan o existan; derecho a acceder a bienes culturales; derecho a conocer y disfrutar del patrimonio cultural; derecho a la libre creación y difusión artística; derecho de los creadores, artistas y productores a recibir los beneficios espirituales y materiales de las obras que crean, producen o difunden; y a beneficiarse de los resultados de las ciencias y tecnologías, en especial en lo que se refiere a la conexión digital.

Pero hay otro significado de este término, mucho más amplio que los anteriores, y se refiere a todo lo que hombres y mujeres producen con miras a que cumpla unas ciertas funciones y realice determinados fines, desde las comidas que preparamos hasta las carreteras que construimos; desde la invención de la bicicleta a Internet. Todo lo que resulta de la acción conformadora y finalista del hombre, decía nuestro filósofo Jorge Millas. Todo lo que el hombre ha sido capaz de colocar entre el polvo y las estrellas, según la bella definición de Gustav Radbruch.

En ese sentido amplio de «cultura», el derecho es también un producto de ella, como lo será igualmente la próxima Constitución. De aquel y de esta, como creaciones humanas que son, se espera que cumplan ciertas funciones y realicen determinados fines. Por lo mismo, cuando a propósito de esa carta fundamental, hablemos en el futuro de cultura, será necesario aclarar en cuál o cuáles sentidos de esa palabra la estaremos utilizando.

La política es más antigua que la democracia. Se trata de una actividad humana que se puede rastrear hasta las formas más primitivas de organización social. La democracia, en cambio, es una manera de hacer política. Es, en concreto, una forma de gobierno que con ese nombre apareció recién cinco siglos antes de nuestra era en algunas ciudades de la antigua Grecia. Solo siglos después reapareció en algunas ciudades italianas del Medioevo, aunque muy imperfectamente, y a partir del siglo XVIII se asentó y expandió, hasta hoy, en su moderna versión de democracia representativa. Una democracia, esta última, que puede y debe ser combinada con modalidades de democracia directa que son perfectamente compatibles con ella.

La política es una actividad humana que concierne al poder político, o sea, al poder para tomar decisiones vinculantes para el conjunto de la sociedad. Quienes hacen política, o sea, quienes se dedican a dicha actividad, buscan acceder al poder, ejercerlo, conservarlo, incrementarlo, y recuperarlo cuando lo hubieren perdido. De ahí, por lo mismo, la rudeza de la política. Hay en ella algo en disputa –el poder– y hay también personas y colectividades que rivalizan por él. La política es siempre entre rivales, no entre amigos, aunque no necesariamente entre enemigos.

Por su parte, la democracia, reconociendo el hecho antes descrito, dispone que el poder ha de quedar en manos de la mayoría, cualquiera que esta sea y cómo se encuentre conformada. Al momento de entregar y legitimar el poder a la mayoría, la democracia solo cuenta cabezas, que es algo puramente numérico, pero ya se sabe que contar cabezas es mejor que cortarlas. En tal sentido, la democracia elimina la fuerza a la hora de hacer política y, como decía Karl Popper, permite instalar y reemplazar gobernantes sin derramamiento de sangre. Más crudamente, lo que afirmaba el pensador austríaco es que la democracia “permite reemplazar gobernantes ineptos sin derramamiento de sangre”.

La democracia es un sustituto de la guerra que se libraría entre los bandos en pugna por el poder y sustituye por el voto el tiro de gracia del vencedor sobre el vencido. De esta manera, la democracia no regula solo el acceso al poder, sino también su ejercicio, su conservación, su incremento y su recuperación, y exige que todo eso se realice de manera pacífica, fijando para ello un conjunto de reglas –las reglas de la democracia– que no se reducen a la pura regla de la mayoría, y que, al menos por mi parte, cuento en 18.

Si se quiere tener democracia habrá que valorar y adoptar tales reglas en la mayor medida posible, porque no ha habido, ni habrá nunca, una democracia perfecta, o sea, una que realice al cien por ciento todas y cada una de las reglas de esta forma de gobierno. La democracia es tanto un ideal como una realidad: el ideal queda trazado por el cabal o completo cumplimiento de todas sus reglas, mientras que la realidad muestra democracias históricas o actuales que intentan acercarse al ideal y que, por lo mismo, pueden ser rankeadas según se encuentren más cerca o más lejos de ese ideal.

Entonces, la democracia es exigente, muy exigente. Lo es en su versión ideal, desde luego, pero lo es también en sus manifestaciones reales, las cuales, por decirlo de algún modo, son tiradas por un ideal que las insta a acercarse a él.

De entrada, la democracia invalida el recurso a la fuerza y a la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos, el principal de los cuales –ya está dicho– es conseguir el poder o ejercer una influencia sobre este. Así, por ejemplo, los dictadores hacen política, pero no hacen política democrática, aunque suelen apropiarse de esta palabra para confundir a sus súbditos, si bien adjetivándola de las más diversas y extravagantes maneras: democracia real, democracia orgánica, democracia proletaria, democracia popular, democracia bolivariana, democracia protegida, y hasta democracia autoritaria. Esta última es claramente una contradicción, mientras que en los restantes casos cada uno de los adjetivos vacía de contenido al sustantivo democracia. Esos adjetivos son “palabras comadreja”, en alusión al mamífero que es capaz de sorber el contenido de un huevo sin romper la cáscara.

Nadie está obligado a ser demócrata, pero si lo fuera y se presentara como tal, sería necesario que aceptara, cumpliera y defendiera las reglas de esta forma de gobierno, partiendo por el rechazo a la fuerza y hasta por evitar lo que vemos hoy a menudo en Chile: ese ambiguo y constante coqueteo con ella, acompañado del deporte nacional hoy más practicado –el doble estándar–, en nombre del cual la fuerza y la violencia se justifican cuando favorece nuestros objetivos políticos y se condena cuando lo hace con los que profesan nuestros rivales en política.

Y si no encuentras en la democracia una razón suficiente para rechazar la violencia, ni tampoco la hallas en alguna suerte de imperativo moral, calcula cuánta es tu fuerza y si tienes realmente las bazas a tu favor cuando instales y aplaudas la violencia en las calles. Si la democracia está fallando –y eso en Chile hace ya rato–, si consideras que esa forma de gobierno, aquí y ahora, se encuentra  lejos del ideal o avanza muy lentamente hacia él, aprovechemos el actual proceso constitucional para mejorar nuestras instituciones democráticas y no poner estas en riesgo propiciando el imperio de la fuerza y la violencia, que activan no solo a los enemigos de la democracia, sino también a los demócratas que sufren hoy una crisis política, económica, social y sanitaria de la que aspiran a salir  con tanto orden como libertad.

Un llamado a trabajar por la tolerancia y a tener un Estado social y democrático de derecho, planteó el convencional constituyente, Agustín Squella, durante su discurso de presentación en la Convención Constitucional.

“Nuestra Convención es diversa, tan diversa como lo es la sociedad chilena actual. Aun cuando la democracia que recuperamos en 1990 fue fuertemente limitada, Chile ha conseguido ser una sociedad abierta en la que coexiste una amplia diversidad de creencias, ideas, maneras de pensar, modos de vida, interpretaciones acerca de nuestro pasado, planteamientos acerca del futuro, e intereses”. Indicó el abogado y académico.

Tal diversidad, agregó, “es un bien, no un mal y ni siquiera una amenaza. Lo que una sociedad abierta tiene que hacer es proteger su diversidad e impedir que algún punto de vista se transforme en hegemónico y domine sobre los demás, para lo cual tenemos un doble deber: reconocer nuestra pluralidad, que es un hecho, y comportarnos como pluralistas que admiten ese hecho y lo valoran como un bien, practicando para ello la virtud de la tolerancia”.

Entonces, precisó, “lo que corresponde es que dentro de nuestra Convención no recelemos de la diversidad que ella tiene, sino que la aceptemos y celebremos como el bien que es, y que nos miremos unos a otros como oponentes políticos con quienes ponerse de acuerdo, y no como enemigos a los que haya que derrotar sin buscar el más mínimo acuerdo”.

TOLERANCIA ACTIVA

El constituyente recalcó que no se trata de la tolerancia en su versión pasiva “que consiste en resignarnos a vivir en paz con quienes tienen creencias, maneras de pensar y modos de vida que reprobamos, aunque manteniéndonos lejos unos de otros”, sino que la tolerancia activa “mucho más exigente y que consiste en acercarnos a quienes tienen esas creencias y modos de vida distintos de los nuestros, en entrar en diálogo con ellos, en darles razones en favor nuestro, pero en escuchar también las que ellos puedan darnos, y en mostrarnos dispuestos a rectificar nuestras posiciones originarias como consecuencia de ese encuentro y diálogo”.

Se requiere la tolerancia activa, explicó, “puesto que para elaborar una nueva Constitución no podemos limitarnos a reconocer nuestras diferencias y mantenernos distantes unos de otros. En nombre de la tolerancia activa tenemos que acercarnos unos a otros, o sea, cómo decimos dentro de la Convención, tenemos que cruzar al frente donde están aquellos que son o vemos como adversarios políticos, pero nunca como enemigos”.

En su presentación Squella subrayó que “los desacuerdos no son patologías de las que tendríamos que curarnos” aunque en el caso de la Convención “o nos ponemos de acuerdo o no podremos proponer al país una nueva Constitución. Nos guste o no, estamos forzados a los acuerdos, y no conseguirlos equivaldría al fracaso de la Convención y, finalmente, el fracaso de un país que vio en la Convención una vía institucional apropiada para salir de una crisis y poner rumbo hacia una sociedad más justa”.

“Será la tolerancia activa, no la pasiva, la que nos conducirá a los acuerdos que precisamos. La tolerancia no es la virtud de los débiles. Es la de los fuertes que se saben falibles y cuentan con la posibilidad de aprender de los demás. Pero tiene que tratarse de una tolerancia activa como práctica real, constante, y no solo como una palabra que se repite en nombre de la corrección política o moral”, puntualizó.

Y tal como lo ha planteado en múltiples ocasiones el abogado recalcó que «para los convencionales la nueva Constitución será un punto de llegada –nos disolveremos luego de proponerla al país-, pero para este último constituirá un punto de partida. Futuros gobiernos, parlamentos, autoridades administrativas y jueces tendrán el deber de desplegar el texto constitucional y de desarrollar los principios, normas e instituciones de este”.

Apelando a la imagen final del “Tratado de la tolerancia”, de Voltaire, “en la está entrando agua a la embarcación y en vez de calafatear todos juntos para salvar la situación, los ocupantes de la nave se trenzan en interminables discusiones acerca de sus irreductibles creencias religiosas, arriesgando de ese modo que la embarcación se hunda mientras continúan las discusiones a bordo”, advirtió que “Chile no va a hundirse y tampoco lo hará nuestra Convención, pero que así sea depende en parte muy importante de quienes estamos sentados hoy aquí”.

MÁS HUEMUL MENOS CÓNDOR

Junto con resalta la responsabilidad que recae sobre las espaldas de los convencionales porque “de ser una posible vía institucional para nuestra crisis, la Convención parece haberse transformado en el único cauce para ese fin”,  Squella se preguntó  ¿qué es una sociedad decente y justa?: “Se trata tanto de una sociedad de libertades, como una en la que hayan sido superadas las desigualdades en las condiciones materiales de existencia de las personas y sus familias, a lo menos en la medida en que todos y todas puedan tener acceso garantizado a bienes básicos de atención sanitaria, educación, vivienda, retribución justa por el trabajo, y previsión, sin los cuales nadie puede llevar una vida digna, responsable y autónoma. Unos bienes primordiales sin los que ninguna persona puede ejercer las libertades de que es titular”.

Finalmente, recordando la costumbre de Gabriel Mistral de enviar recados a Chile, el Premio Nacional de Humanidades se refirió a aquel recado en que la poetisa analizó el escudo nacional: “Pensando en las dos figuras del escudo nacional, señaló que la historia patria se parece más a un cóndor carroñero que a un pacífico y sensible huemul. ¿Y qué pidió ella entonces? Pidió menos cóndor y más huemul. ¡Menos cóndor y más huemul! Hagámosle caso”.

A un sector de nuestra Convención Constitucional se le acusa de estar actuando para hacer fracasar el proceso en curso. En ocasiones la imputación baja algo de tono y a ese mismo sector se le acusa de obstruir el avance de la Convención. Por su parte, desde ese sector acusado se replica a los acusadores que a lo menos parte de estos se encontrarán demorando conscientemente el trabajo del organismo a ver qué pasa con las elecciones de fin de este mes o si acaso se abre la posibilidad de pedir más tiempo del máximo que tiene la Convención (un año) para hacer su trabajo.

Y vean ustedes: hacer fracasar, obstruir y demorar. Eso de mayor a menor, pero igualmente grave en cualquiera de los casos.

Digamos que las dos primeras de tales disposiciones o actitudes –que las hay del lado de parte de la derecha– son al fin y al cabo una sola, puesto que si se obstruye algo es para que ese algo no tenga lugar. Demorar es ya otra cosa, si bien se trata de una actitud que también se observa dentro de la Convención, esta vez hacia el lado de la izquierda.

En medio de esos extremos que se acusan recíprocamente, un amplio sector, el más amplio, asiste perplejo y ya algo cansado a este fuego cruzado, si bien no deja de encontrar alguna razón a quienes hacen los disparos. Sí, en efecto, hay algunos (muy pocos) que actúan como si quisieran ver fracasada a la Convención –en medio del proceso en curso o en el plebiscito de salida–, como hay otros (también minoría) a los que se nota muy interesados en que la Convención se distraiga y posponga la entrega del nuevo texto constitucional para después del 4 de julio de 2022, aunque para que esto último ocurriera se necesitaría de una reforma constitucional que el actual Congreso Nacional no aprobaría, pero vaya uno a saber el que se renovará parcialmente en pocos días más. El apretadísimo cronograma que acaba de aprobar la Convención para sus próximos 9 meses abona, desde luego sin quererlo, la posición de quienes querrían disponer de ese plazo superior a un año.

¿Poder constituyente, constituido o ambas cosas a la vez? ¿Poder constituyente originario o derivado? Los constituyentes parecemos muy preocupados del poder que tenemos, del alcance de nuestras competencias y de los derechos que nos asisten, y algo menos de nuestros deberes, el principal de los cuales es elaborar y proponer al país una nueva Constitución y hacerlo dentro de un plazo no superior a un año, luego del cual la Convención se entenderá disuelta.

Nadie entendería el día de mañana que no cumplamos dentro de plazo y que la única respuesta fuera que no calculamos debidamente las salidas a terreno. Por lo demás, hay otras formas de participación –desde audiencias públicas hasta iniciativas populares de normas constitucionales– que no suponen desplazamientos territoriales que toman varios días.

Quienes llegamos a la Convención Constitucional no lo hicimos para exhibirlo como un logro personal. Llegamos para responsabilizarnos de algo. “Acepto”, dijimos el 4 de julio de este año, y lo que aceptamos, sin hacer un juramento, fue claramente un compromiso.

Y un compromiso con plazo mínimo (9 meses) y otro máximo (12 meses), pero ni un día más.

Muchos se preguntan por qué la Convención Constitucional no inicia aún su trabajo de estudiar, debatir y acordar disposiciones de la nueva Constitución, y la respuesta es muy simple: se trata de un organismo que no tiene precedente en la historia de Chile y que se constituyó sin más reglas previas que las muy pocas que, aprobadas por el Congreso Nacional, están en el origen de ella.

Es por esa razón que la Convención tuvo que partir por darse unas normas provisorias en tal sentido y dedicarse a la preparación de un reglamento interno que se conocerá no más allá del 10 de septiembre próximo. Un reglamento que establecerá reglas acerca de la estructura y órganos de la Convención, administración interna, métodos de trabajo, y proceso de formación de las futuras normas constitucionales.

Con motivo del trabajo que actualmente hace la Convención se anticipa en cierto modo el que hará cuando cuente ya con su reglamento de funcionamiento y pase a ocuparse de lo más sustantivo de su trabajo: estudiar, debatir, concordar, redactar y proponer al país un nuevo texto constitucional. Así, por ejemplo, en distintas comisiones provisorias – de derechos humanos, de participación, de ética, de descentralización, de pueblos originarios – se han ido decantando propuestas directamente relacionadas con el futuro reglamento interno, pero también, y de manera espontánea y comprensible, con contenidos de la nueva Constitución. En esto, por lo mismo, se anticipa y se prepara en parte el trabajo por venir.

Con las audiencias públicas tenidas por las distintas comisiones provisorias – varios centenares de aquellas – se adelanta también en una modalidad de trabajo que adoptarán más adelante las comisiones temáticas permanentes que tendrá la Convención. Comisiones estas que se ocuparán de materias o capítulos de la nueva Constitución antes que estas lleguen al pleno, órgano directivo y deliberativo superior de la Convención. ¿Por qué no se esperó a que estuvieran constituidas las comisiones temáticas para iniciar las audiencias públicas? Porque el principio de participación exigía hacerlo ahora, de entrada, y no solamente como una señal – un propósito político siempre débil –, sino porque se quería acercar a la comunidad que formamos como país a las tareas de la Convención, tomando nota y reflexionando acerca de lo que una multitud de voces diversas tiene siempre que decir en una sociedad abierta y plural.

Y ha existido otro beneficio: es cierto que al trabajar inicialmente en comisiones provisorias, los 155 constituyentes nos hemos encontrado apenas una o dos veces por semana. Pero las reuniones diarias en grupos más pequeños y con una composición bien plural desde el punto de vista de las concepciones e ideas de sus integrantes, han permitido que estos se conozcan mucho mejor e instalen, por así decirlo, a escala, un clima de trabajo no exento de discrepancias, aunque también armonioso y eficiente. Nunca hay que restar valor al factor humano en cualquier tarea de interés colectivo en la que participa un alto número de personas.

El partido constitucional propiamente tal todavía no ha empezado, pero los jugadores están precalentando. Esto último cuando menos, porque se trata de algo más que de un simple precalentamiento en camarines. Están ya todos en la cancha, moviéndose y ensayando jugadas para el encuentro próximo a comenzar. Un partido que no se parecerá tanto a los que se disputan entre equipos rivales que tratan de derrotarse uno a otro cuando a un espacio de conversación, debates y acuerdos en medio de las diferencias, las mismas que existen en la sociedad chilena.

Y en cuanto a las funas de que empiezan a ser objeto algunos convencionales por votar en conciencia y no como esperan quienes los insultan por redes sociales, habría que recordar a estos el pensamiento de John Stuart Mill: el 99% de la sociedad, si tuviera una sola opinión, sería tan injusta impidiendo que hablara quien tiene la única opinión discrepante, como lo sería este último, en caso de tener poder suficiente, si impidiera que hablara ese 99%.

El derecho que rige en un país tiene fuentes formales y fuentes materiales, una distinción con la que los estudiantes de la disciplina se familiarizan ya en el primer año de la carrera, y que tiene aplicación ahora con ocasión del proceso en que nos encontramos.

Las fuentes formales son aquellos procedimientos de creación de reglas jurídicas y, a la vez, los continentes normativos de que ellas pasan a formar parte. Así, por ejemplo, la ley es una fuente formal, puesto que con esa palabra aludimos a un método de producción jurídica en el que intervienen tanto el Congreso Nacional como el Presidente de la República y, a la vez, a un texto resultado de ese método y que, una vez promulgado, se publica en el Diario Oficial.

Las fuentes materiales son los factores de la más diversa índole –políticos, económicos, sociales, éticos, científicos, naturales, culturales, etc.– que, junto con preceder a las fuentes formales, influyen claramente en estas y, dentro de ciertos límites, determinan su nacimiento y contenido. Así, por ejemplo, los retiros de fondos previsionales han sido autorizados por leyes en el sentido formal de la palabra, pero, y más allá de la voluntad de quienes intervinieron en su aprobación, su origen puede ser rastreado en la pandemia que estamos viviendo y en sus graves efectos sociales y laborales. Lo más probable es que, sin pandemia, a ningún legislador se le hubiera ocurrido autorizar retiros voluntarios de fondos previsionales.

Las llamadas “fuentes materiales” alertan acerca de que el derecho tiene siempre su origen en uno o más actos de producción normativa que alguien o más de alguien ejecuta en un momento determinado, no obstante que, más allá de tales actos, hay factores de diverso tipo que presionan y ponen en movimiento los procesos de creación jurídica. Sin los avances científicos en materia de trasplantes de órganos, no tendríamos la legislación que en su momento se dictó sobre la materia.

¿Cuál es la fuente formal del actual proceso constituyente? La Ley 21.200, de diciembre de 2019, que abrió paso a dicho proceso y estableció reglas sobre la Convención Constitucional, su integración, la elección de sus miembros y, entre otros aspectos, el quórum para aprobar las nuevas normas constitucionales. ¿Y cuáles son las fuentes materiales de esa ley, que lo serán también de la nueva Constitución? Aquí cabría mencionar el acuerdo político de noviembre de 2019, las numerosas, reiteradas, pacíficas y extendidas marchas y protestas de las semanas previas a ese acuerdo, el estallido social del 18 de octubre que se expresó durante un buen tiempo en actos de violencia en las calles, un régimen político progresivamente desacreditado, un sistema económico injusto, y una amplia percepción de agudos niveles de desigualdad en el acceso a bienes básicos de atención sanitaria, educación, vivienda, ingresos por el trabajo y previsión, sin los cuales ninguna persona puede llevar adelante una existencia digna, responsable y autónoma.

Es posible discrepar a la hora de identificar esas fuentes materiales y, sobre todo, al momento de ponderar la mayor o menor influencia que cada una de ellas tuvo en la dictación y contenido de la ley antes mencionada, pero no podríamos hacer lo mismo cuando se trata de señalar la fuente  formal –esa misma ley– que está detrás del actual proceso constituyente y que fijó algunas reglas para este. Las fuentes formales son fácilmente identificables –nos gusten o no–, pero las materiales –estemos o no de acuerdo con los hechos que las configuran– remiten a un avispero de factores muy diversos que están presentes en el seno de una sociedad y que actúan siempre en dinámica y recíproca interacción.

Así como la existencia de fuentes formales del derecho no debe hacernos olvidar la de sus fuentes materiales, estas últimas no deben hacernos olvidar la vigencia de aquellas y la obligatoriedad que tienen para los 155 principales actores del actual proceso constituyente. No porque detrás de la ley haya una variedad de fuentes materiales con distinta incidencia, según los analistas, puede desconocerse una ley vigente o saltarse su aplicación en las materias que regula.

Por lo demás, así es como funcionan las cosas en una democracia, que es la forma de gobierno que, en una versión institucional mejor y más moderna que la actual, adoptará también la nueva Constitución.

Estuvo muy mal que se negaran, justificaran o vinieran a reconocerse solo varias décadas más tarde las conocidas y prolongadas violaciones a los derechos humanos en que incurrieron en América Latina, Chile incluido, las dictaduras militares que pretendieron excusarse en nombre de la seguridad nacional, la amenaza soviética y la Guerra Fría. Y ha estado muy mal que se haya hecho o quiera hacer otro tanto tratándose de violaciones a los derechos humanos cometidas por gobiernos de izquierda en nombre de la revolución del proletariado, el hombre nuevo, la expansión del imperialismo norteamericano o un embargo comercial decretado por este último.

El doble estándar – siempre criticable – se vuelve enteramente inaceptable ante el carácter irrenunciable de los DD.HH. ¿Vamos a continuar entonces levantando la voz cuando los derechos humanos son violados por un gobierno rival y mirando para el lado cuando la violación proviene de un gobierno de nuestro agrado?

Homenajear –aunque al homenajeado no le gusten en absoluto los homenajes–e invitar a descubrir a un hombre. No solo «al profesor de filosofía del derecho y al ensayista, al jurista cinéfilo y al columnista y al pensador recatado», sino también al hincha de Wanderers, al hípico apasionado, al observador comprometido, al analista sin fanatismo político y al convencional constituyente. A Agustín Squella Narducci está dedicado el libro «SQUELLA», presentado ayer en la Universidad Diego Portales.

La obra fue impulsada por las dos facultades de Derecho en las que Agustín Squella ha trabajado por años (Universidad de Valparaíso y Universidad Diego Portales), y sus editores son María Beatriz Arriagada y Carlos Navia, ambos académicos de la UDP, quienes reunieron contribuciones de 37 autores: 20 artículos y 17 testimonios que conforman un inventario de impresiones, opiniones y reflexiones concebidas a partir de algunas de las múltiples identidades que convergen en la persona de Squella.

María Beatriz Arriagada inició su intervención señalando que se optó por titular el libro «SQUELLA», a secas y en mayúsculas, porque ningún adjetivo permite retratar al homenajeado por completo «y porque este apellido simboliza un talante y una trayectoria que debemos esforzarnos por continuar». Más tarde, al término del encuentro, el propio Squella bromeó con el punto y dijo que a él le gustaba uno de los títulos desechados: «Un profesor de provincia»: así se considera él medularmente, en especial por sus experiencias en Valparaíso («donde vivo») y Viña del Mar («donde resido»).

Arriagada y Navia escriben en la introducción que los testimonios reunidos en este libro muestran a Agustín Squella «como alguien que siempre invita a considerar el otro lado de las cosas; alguien que vive realmente los problemas intelectuales tratados; alguien en quien, por fortuna, no hay ni debe haber distancia entre la experiencia cotidiana y las ideas de la filosofía; un liberal que pone a nuestra disposición su entera biografía como señal de ruta y prueba de compromiso con la libertad propia y ajena».

Los artículos incluidos procuran explicar, evaluar o desafiar las ideas que Agustín Squella ha defendido en temas como el liberalismo, el neoliberalismo y el liberal socialismo; los derechos fundamentales y la relación entre estos y la democracia; la relación de esta con la literatura; las transformaciones sociales; el relativismo y/o escepticismo; los temperamentos morales; la muerte y el sentido de la vida; la religión, el ateísmo, la iglesia, la moral laica y el secularismo; el derecho y su relación con la fuerza y la política; el aprendizaje y la enseñanza del derecho; la relación entre la ciencia del derecho, las ciencias sociales y la filosofía; el concepto de filosofía del derecho y los problemas que ella comprende; el positivismo jurídico y las razones para valorar lo que queda de él.

Carlos Peña, rector de la UDP, observa que Squella «publicó alguna vez un libro que tituló `Deudas intelectuales´; allí se refería a aquellos a los que él debía parte de sus ideas y su vocación. En el lanzamiento de este nuevo libro, que compila escritos en su homenaje, se han reunido abundantes deudores de quienes Agustín Squella es acreedor: decenas de profesores que gracias a su ejemplo, su generosidad intelectual y su rigor, pudimos aprender cómo ejercer el trabajo académico y la tarea intelectual».

Carlos Navia destacó la capacidad de Squella para construir desde el lenguaje y cómo ha mostrado el mundo a través de las palabras, mientras que la académica Flavia Carbonell, de la Universidad de Chile, hizo un acucioso barrido por los artículos que contiene el libro y caracterizó al profesor Squella como un hombre que optó por la enseñanza para seguir aprendiendo.

Cabe destacar que la publicación también contiene el discurso que Agustín Squella pronunció cuando fue nombrado miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, en el que resume las convicciones que han guiado su trabajo.

En las palabras finales, Squella agradeció lo que calificó como «inmerecido homenaje», agregando que nadie realmente merece uno y que las ínfulas son una tentación en todos los ámbitos, incluido el académico. Terminó llamando a todos a vivir con optimismo, pues «es un deber mantenerlo a pesar de ver la futilidad del esfuerzo»

La desmesura, o sea, la falta de medida, el exceso, con toda seguridad exacerbada hoy por los todavía insuficientemente estudiados efectos neurológicos de la pandemia, está a la orden del día. La vemos a cada instante: en casa, en el barrio, en las calles de la ciudad, en las carreteras, en la política, en los medios, y, por momentos, hasta en la Convención Constitucional. Cualquier estímulo externo que no sea de nuestro agrado –incluidas las ideas que no aprobamos- nos sacan de las casillas y hacen reaccionar. Hemos ido perdiendo la capacidad de procesar estímulos externos que nos molestan, transformándolos en agresiones a las que es necesario y justo responder del mismo modo. Ayer mismo, bastó con que una amable señora mayor que conducía su automóvil vacilara unos segundos en un cruce antes de decidirse a tomar una de las calles para que los cuatro automovilistas que la sucedían empezaran a hacer sonar sus bocinas con gran estridencia y por largo rato, y yo, que caminaba en ese momento por el lugar, pensé en cuanto estamos todos necesitados de una pronta visita al psiquiatra, porque con pedir hora a un psicólogo no bastará. Si algo está pasando con nuestras conductas es porque algo está pasando en nuestros cerebros.

La prisa es otro de los males que se han puesto a la orden del día, aunque esto venía ya de antes de la pandemia. Respondemos de manera instantánea a lo que nos preguntan,  y vamos siempre rápido, casi corriendo, tanto a la ida al trabajo como a la vuelta a casa, al ingresar y al salir de las estaciones del Metro, al comer en lugares públicos o privados, al beber esas copas que antes se conversaban, al movernos dentro de nuestras casas en labores domésticas que no demandan ningún apuro, y tal vez incluso al leer, escribir y publicar, que es lo que hacemos esa extraña gente que pasa por intelectuales. No termina de ocurrir un hecho y todos nos abalanzamos sobre los medios con nuestras columnas y opiniones para notificar a las audiencias cómo deben entender el hecho de que se trate y cuáles son sus proyecciones, mostrando con ello falta de contención y de distancia reflexiva ante el caos de la realidad y los complejos sucesos que se producen a diario en Chile y en el mundo, aunque exhibiendo también una cierta cuota de arrogancia en los planteamientos que hacemos ante los demás: los nuestros son los racionales, los que tienen base empírica, los que no responden ni a ideologías ni a intereses, mientras que los planteamientos ajenos y rivales a los nuestros son siempre irracionales, sin correspondencia con los hechos, ideológicos o interesados. Cada cual cree estar en la cima de la montaña y observando de manera objetiva todo el amplio paisaje que tiene abajo, olvidando que él forma parte también de ese paisaje brumoso y contaminado.

Prisa también por producir, desde luego, por crecer, por aumentar la cantidad de bienes y servicios disponibles, y mucha menos por conseguir algo más que crecimiento –desarrollo- y algo más, aún, que este último: desarrollo equitativo y sustentable, desarrollo humano en fin. Prisa por comprar, así se consuma o no lo adquirido, y prisa también por desechar y cambiar prontamente lo que acabamos de comprar, así se trate de un automóvil o de unas simples zapatillas.

¿Cómo podríamos recuperar la lentitud, que vendría siendo lo contrario de la prisa, y cómo hacerlo para recobrar la mesura, que es lo opuesto a la desmesura? Recuperar, digo, como si esos dos males provinieran de la pandemia y no fueran anteriores a ella, estimulados desde hace ya mucho por el mal uso de las redes sociales y el frenesí por expresarnos ante cualquier acontecimiento que se produzca, así sea verdadero o falso, y sin darnos tiempo para pensar un poco

No me hago muchas ilusiones al respecto. Cuando más vamos a combatir la desmesura y la prisa con un uso cada más abundante y rápido de ansiolíticos, cambiando así desmesura por desmesura y prisa por prisa.

Algunos hacen yoga, otros meditan, y no faltan los que se refugian en un cómodo cinismo ante los tiempos que corren, el cinismo de los que afirman que nada tiene remedio y buscan de ese modo mostrarse más inteligentes que el resto que todavía mantiene alguna cuota de optimismo o de esperanza.

Cada cual tendrá que ver cómo se las arregla, aunque lo primero sería tomar conciencia de la desmesura y de la prisa que cunden en nuestros jardines como la mala yerba que amenaza con eliminar las flores y hortalizas que hay allí y que  nutren y dan colorido a nuestras vidas.

Para nada. No es una carrera de velocidad, o sea, de esas en que los competidores se abalanzan sobre la meta tratando de alcanzarla con la mayor velocidad posible. No. La Convención se parece a una maratón, y es con esta que ella tiene una relación de semejanza, que no de igualdad, lo cual quiere decir que se trata de una extensa carrera, de una prueba de algo más de 40 kilómetros, y que en el caso de la Convención se mide temporalmente: 9 o 12 meses como máximo para su trabajo. La maratón es una prueba de resistencia, y lo mismo pasa con la Convención Constitucional.

Sabemos de donde viene el nombre de “maratón”: un soldado griego llamado Filípides, en el 490 a. C., corrió más de 40 kilómetros, desde la localidad de Maratón hasta Atenas, para llevar la noticia de la victoria sobre los persas en la batalla a la que se dio el primero de esos nombres.

No cualquiera ni de cualquier modo puede participar en una maratón: se requiere un entrenamiento previo especial; hay que utilizar zapatillas también especiales; debe estarse muy atento al terreno por el cual se avanza y a las indicaciones que se ponen a los corredores en la ruta que deben cubrir para que no se extravíen; atentos también a la respiración; es preciso cambiar de velocidad según el momento de la prueba; hay que considerar la temperatura ambiente para evitar la deshidratación; existen mayores riesgos de lesiones y contratiempos; y si se comete un error o tiene un traspié, se cuenta con la posibilidad de rehacerse.

Algo parecido pasa con los constituyentes, por analogía, se entiende: preparación antes de asumir como tales y continuación del estudio luego de empezar a trabajar, atentos al terreno por el que progresan, sujeción a ciertas reglas, cambios en la velocidad de su trabajo, sensibilidad ante la temperatura ambiente del país, control de la respiración (y de la palabra), dificultades inesperadas en el trayecto, y posibilidad de corregir los errores en que se incurra.

Y algo más: tanto maratonistas como constituyentes no deben exigirse más de la cuenta, aquellos mientras corren y estos cuando trabajan. Una autoexigencia desmedida puede acarrear mareos, pérdida del equilibrio, fatiga prematura, caídas. Pero si los maratonistas cuentan con que si caen los recogerá prontamente la ambulancia que acompaña el recorrido, los constituyentes no disponemos de algo que pueda parecerse a un equipo de salvamento. Tendríamos que levantarnos solitos y con la ayuda del país que realmente quiere tener una propuesta de nueva Constitución sobre la cual pronunciarse por medio de un plebiscito en que el voto será obligatorio.

A diferencia de lo ocurrido en Grecia varios siglos antes de nuestra era, aquí no se trata de los persas. La victoria de la Convención, y más ampliamente del país, no será contra alguien, sino pro algo: tener una nueva Constitución Política de la República de Chile, una Constitución para el siglo XXI, una Constitución que después de más de dos siglos de vida independiente será la primera con carácter democrático tanto en su origen como en sus contenidos.

Ya era tiempo.